El distrito de Colón ha sido escenario de megaproyectos de interés nacional e internacional: el ferrocarril transístmico, los puertos, la Zona Libre de Colón y, más recientemente, la ampliación y gestión del Canal de Panamá. Todos estos proyectos se han presentado como motores de desarrollo, generadores de empleo y oportunidades. Sin embargo, la realidad contrasta con esa narrativa: mientras el país entero se beneficia de los ingresos multimillonarios que producen estos sectores, Colón permanece atrapado en la pobreza estructural, sin capacidad de inversión ni de saldar las deudas heredadas de administraciones anteriores.
La raíz de esta contradicción está en la política de exoneraciones fiscales otorgadas a las grandes empresas y consorcios que operan en la provincia. Desde sus inicios, tanto los puertos como el ferrocarril gozan de regímenes especiales que los liberan del pago de impuestos municipales. La Zona Libre de Colón, que concentra el mayor volumen de importaciones y reexportaciones de la región, también ha estado amparada bajo un esquema similar, con el argumento de fomentar la competitividad y atraer inversionistas.
En lugar de convertirse en una oportunidad de ingresos para la comuna colonense, estas actividades han quedado blindadas frente a los tributos locales. El resultado es un municipio que, por ley, debería beneficiarse de la riqueza generada en su propio territorio, pero que permanece incapacitado para percibir recursos que le permitan atender las necesidades básicas de la población: infraestructura, servicios públicos, programas sociales y recuperación de espacios comunitarios.
El panorama se agrava con la postura de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La entidad, que goza de autonomía constitucional y cuyo aporte al Estado panameño es incuestionable, ha comenzado a incluir en sus licitaciones una exigencia preocupante: que las empresas contratistas también sean exoneradas de permisos de construcción municipales. En otras palabras, no solo las operaciones propias del Canal quedan fuera del alcance tributario del municipio, sino que además se pretende que terceros privados que ejecuten proyectos en la zona canalera también estén liberados de cualquier obligación local.
Este precedente amenaza con convertirse en una condena aún más severa para Colón. Al no poder cobrar ni siquiera por los permisos de construcción, el municipio se ve despojado de una de sus pocas fuentes seguras de ingresos. Esto impide financiar proyectos urbanos, saldar deudas pasadas y construir un horizonte financiero sostenible. Se perpetúa así un círculo de dependencia y pobreza, donde la riqueza generada en Colón no se refleja en el bienestar de sus habitantes. Y lo más contradictorio es que el propio pliego de cargos de la ACP, en su punto 4.28.2, establece la obligación de los proponentes de incluir en el precio de licitación el costo de todo tributo, impuesto, tasa o cargo, ya sea nacional, estatal o municipal.
Más grave aún: esta situación persiste a pesar de la existencia de una ley de compensación fiscal destinada específicamente al Municipio de Colón. Dicha normativa, concebida como un mecanismo de justicia redistributiva, obliga al Estado central a transferir recursos que compensen la falta de recaudación municipal producto de las exoneraciones. Sin embargo, ningún gobierno —de ningún signo político— ha cumplido cabalmente con esa obligación. En la práctica, la ley ha quedado reducida a letra muerta.
Colón merece un trato distinto. No se puede seguir condenando a su municipio a la asfixia financiera mientras su territorio sostiene buena parte de la economía nacional. Revertir esta situación no es un favor: es un acto de justicia histórica. La prosperidad del país no puede seguir construyéndose sobre la pobreza permanente de una de sus provincias más estratégicas.
La autora es abogada.
