El acceso a la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, sin discriminar su origen. Y ese derecho de los ciudadanos tiene que estar garantizado por una obligación financiera del Estado Panameño, el cual debe planificarse de acuerdo al crecimiento socio demográfico y los problemas de salud prevalentes con énfasis en prevención en salud.
La democracia no es una forma de gobierno, sino también la vía para lograr una mejoría del nivel de vida de la población y su continua crisis radica en su incapacidad para satisfacer las necesidades sociales fundamentales como salud. El programa de Enfermedad y Maternidad del Seguro Social es un paquete de beneficios laborales que reciben los trabajadores y sus familias panameñas, con el objetivo de formalizar el empleo. Es la manera como se protege al trabajo, que es motor del Estado y no es parte del “sistema público de salud” como nos han hecho ver los eternos diputados de la asamblea nacional.
El negocio más grande en los últimos años ha sido la caja de compensación entre los trabajadores formales y los no asegurados que reciben sus beneficios: se ha socializado los riesgos de las enfermedades de alto costo y se han privatizado los beneficios con modelos de externalización deficientes al estilo de los servicios de la privatización del IRHE.
Para hablar de sistema único habría que hablar de una reforma tributaria y requeriría un consenso nacional: gobierno, gremios, médicos, asamblea nacional, sindicatos, representantes de grupos étnicos, pacientes y ciudadanos en general.
Los sindicalistas disfrazados de médicos que estudiaron en el «gosplan soviético» traen en cartelera en agosto 2024, que la salud de los panameños mejorará si se le expropian los hospitales a los trabajadores y sus beneficiarios (tienen años aportando a la construcción de los mismos), para ser regidos por el zar de la salud.
En los países donde más se ha avanzado en la cobertura universal de los servicios de salud, el grueso del financiamiento se da a partir de impuestos generales, a los que contribuyen más las personas de mayores ingresos. Eso permite que pague “cada quien según sus capacidades” y que reciba atención “cada quien según sus necesidades”. Este esquema hace factible que el acceso a la salud no se convierta en un elemento de desigualdad sino «una herramienta de equidad social». Impresiona que los políticos y galenos que se han empoderado del tema, hablan de sistema único como la solución a la falta de la adecuada asignación de recursos económicos a las instituciones del ministerio de salud.
Si la mitad de los gastos de las instituciones del Ministerio de Salud y patronatos se financian con el dinero privado de la cuota obrero-patronal y se debe asegurar la cobertura universal por medio de recursos fiscales, no habrá que pasar de 5% a 9% del PIB sino de 2,5% a 9% del PIB, disminuyendo así sea de forma gradual la aportación de las «cuotas obrero patronales» que financian el gasto en salud de la Caja, es decir, el esfuerzo será de tal magnitud que no solo habrá que duplicar, «sino cuadruplicar», el gasto gubernamental en salud.
Un sistema unificado de salud no disminuiría costos, los aumentaría: haría crecer la informalidad ya que los trabajadores preferirían dejar de pagar cuotas obrero-patronal para poder al fin adquirir la canasta básica de alimentos o sobrevivir a un Panamá cada día más caro. El gobierno tendría que aumentar la cobertura de salud que se deja de financiar con la cuota obrero-patronal con una reforma fiscal que no dinamizará la maltrecha economía panameña y la volvería más cara.
El autor es cirujano sub especialista.
