Es triste tener que reconocerlo, pero hay días en que pareciera que las personas que habitamos en Panamá estamos en total indefensión, atrapados y sin salida. Y conste que no hablo del tráfico, que es la tortura nuestra de todos los días, esta vez hablo de otra pesadilla sin fin que se vive en un barrio de nuestra ciudad capital.
Hablo de los vecinos de Paitilla, a quienes parece que varios se han puesto de acuerdo en quitarles el derecho a vivir en paz, sin ruido, a tener aire limpio, a transitar por la vía, e inclusive a disfrutar de la luz del día.
Paitilla ha lanzado un SOS a todos los que quieran oírla para que vengan en su ayuda. Paitilla tuvo el infortunio de caer secuestrada en manos de empresarios inescrupulosos, dueños de constructoras, que obstruyen sus calles con camiones, las aceras con sus materiales, contaminan el aire, taladran sin misericordia los oídos de los vecinos, de día y de noche, que exponen sin importarles la vida y propiedad de los que están a su alrededor, así como la seguridad de los que trabajan en sus faraónicas obras.
En el caso específico de la polémica obra Sea Point, esta obra ha convertido una pequeña callecita de ese vecindario en un callejón oscuro, ruidoso, caótico, sin luz y donde ya casi no se puede ni respirar, destruyendo la calidad de vida de todos los vecinos que tienen ya varios años de vivir este martirio sin fin.
Pero lo peor es que no solo los habitantes de Paitilla están siendo despojados de todo lo que aquí describo, también la nación panameña ha sido objeto de despojo de su ribera de playa y nada menos que por causa de estos mismos personajes.
Pese a que todos hemos visto las fotos y videos en TV y redes, a pesar de los reportajes periodísticos, denuncias, marchas, protestas, las autoridades de justicia, una vez más, dan la espalda a estas denuncias, y eso que se supone que la administración de justicia tiene como propósito la defensa de la Constitución, la ley y el bien común por encima del interés privado, sin embargo, reiteradamente nos fallan! ¿Qué está pasando en este país?
El reciente fallo del 6 de octubre de 2017 del Primer Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá que revoca el histórico fallo del caso Sea Point y que de manera insólita permite continuar la obra sobre la ribera de playa, que repito, al ser un bien de la nación le pertenece a todos los panameños, es un fallo digno de indignación y repudio y es un grave retroceso para los derechos ciudadanos, para la transparencia y la lucha contra la corrupción e impunidad.
Todos hemos visto cómo el mar llega hasta la construcción del PH Sea Point y cómo invade los 22 metros de la línea de marea alta que pertenecen al Estado, hecho que incluso ha sido confirmado por informes de Anati. Sin embargo, muy a pesar de ello, los magistrados Carlos Raúl Trujillo, Olga Rujano y Miguel Espino se valieron de argucias legales, intentando tapar el fondo del asunto con argumentos superficiales de formalidad, argumentos que bien nos recuerdan a los casos de corrupción de alto perfil que se ventilan estos días, y a cambio de nuestro derecho soberano a esa ribera de mar, sugieren maliciosamente, una compensación económica a la nación.
Tengo una indignación, que, como decía la escritora y periodista Oriana Fallaci, es “fría, lúcida y racional”.
Como panameños, no debemos olvidar los nombres de esos magistrados ni de otros que como ellos, han optado por dejar en indefensión nuestra a Constitución y por consiguiente, los legítimos intereses de Panamá.
Podemos estar seguros de que los vecinos de Paitilla seguirán exigiendo su derecho a tener un aire limpio, una vida sin ruido, a disfrutar de sus calles y, aunque parezca mentira, a que a sus casas llegue la luz del sol.
Y, que se escuche bien y no olviden que, como ellos, hay muchos otros que también seguirán luchando y sin descanso, hasta lograr que en este país se respete la Constitución y el interés común.
La autora es antropóloga