La Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, que tendrá lugar del 13 al 16 de julio en Addis Abeba, brinda una oportunidad única para superar los desafíos que enfrentan los países de renta media, procurar un financiamiento eficaz en todos los niveles de ingreso y cumplir con las metas transformadoras de la agenda post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se presentarán en septiembre en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Para este fin, la arquitectura del financiamiento para el desarrollo deberá movilizar una gran cantidad de recursos y cambiar la manera en la que estos se obtienen, organizan y se asignan. La movilización interna de recursos se ubica en el centro del financiamiento de la agenda post 2015. Pero enfrenta obstáculos domésticos e internacionales.
Los Gobiernos de América Latina y el Caribe han hecho esfuerzos significativos por aumentar la recaudación fiscal, sin embargo, se han visto restringidos por la evasión y la elusión fiscal. Según estimaciones oficiales, las tasas de evasión del impuesto sobre el valor agregado (IVA) en América Latina van de 17.8% a 37% de la recaudación total, cifras mucho más altas que las de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyas tasas de evasión oscilan entre 3% y 22%. Las tasas de evasión de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y las empresas son todavía más elevadas, sobrepasando en algunos casos 40% de los ingresos totales.
Los Gobiernos de la región enfrentan también nuevos retos en el ámbito internacional, como la necesidad de combatir los flujos ilícitos que, según Global Financial Integrity (2014), sobrepasan los 150 mil millones de dólares, lo que representa más de 10 veces la ayuda oficial al desarrollo AOD (10 mil millones de dólares en 2013) y se asemeja a lo que la región recibe por inversión extranjera directa (158 mil millones de dólares en 2014).
Por eso he insistido en que para promover la movilización de recursos internos se precisa la “multilateralización” de la cooperación internacional en materia de políticas fiscales, hasta lograr la creación de grandes acuerdos tributarios y reglas fiscales en todo el mundo. Esto, complementado con un activo rol de la banca de desarrollo, que es una fuente significativa de financiamiento para el desarrollo productivo.
A estos retos se suman los planteados por la deuda soberana y la necesidad de su reestructuración. Debido, en gran medida, a su vulnerabilidad estructural frente a los desastres naturales, los pequeños Estados insulares del Caribe constituyen una de las regiones más endeudadas del mundo: en 2014 su deuda pública total alcanzó un promedio cercano al 80% del PIB, lastrando el desarrollo de la subregión.
Por esta razón, estoy llamando a explorar vías que conduzcan a la condonación de parte de la deuda externa de esos países. La movilización de recursos internos debe complementarse con flujos privados. Un reto clave consiste en encontrar la forma de canalizar esos recursos hacia los objetivos de desarrollo, teniendo en cuenta que el capital privado está motivado principalmente por el beneficio económico.
Pero las estrategias nacionales de movilización de los recursos internos y externos por sí solas son insuficientes. Por eso argumento que urge abordar las asimetrías de los mecanismos de gobernanza de la arquitectura financiera internacional y permitir que los países en desarrollo y de renta media aprovechen los beneficios de la transferencia de tecnología y de la adquisición de conocimientos.
Espero que en Addis Abeba se llegue a un amplio consenso global. La nueva agenda para el desarrollo puede y debe convertirse en un poderoso catalizador de una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, en la que todos los actores puedan establecer nuevas reglas y alianzas complementarias en aras del bien común.