El actual ministro de Economía y Finanzas ha mencionado que el Gobierno busca aumentar la tributación efectiva, la cual no es más que mejorar la capacidad del Estado para generar mayores ingresos por el pago de impuestos. Pero la pregunta que aún queda en el vacío es: ¿cómo lo hará?
Entre 2007 y 2025, el Estado pasó de tener 65 instituciones a 96. En este mismo período, según cifras oficiales de la Contraloría General de la República, los empleados públicos aumentaron de 158 mil a más de 250 mil. Esto significó un incremento de 59% en la planilla pública, pero lo más grave es el costo oculto que trajo consigo: funcionarios que, para justificar sus cargos, crean trámites y regulaciones y, con ayuda de la Asamblea Nacional, impulsan proteccionismos y leyes ineficientes que terminan distorsionando el mercado. Todo ello genera descoordinación y afecta las decisiones de los consumidores.
Desde la llegada del Gobierno, en 2024, no se ha hecho nada para liberalizar la economía ni reducir los costos de legalidad, entendidos como el conjunto de barreras y gastos que enfrenta cualquier emprendedor para abrir un negocio, contratar personal o cumplir con sus obligaciones fiscales. Aun así, el ministro asegura que podrá aumentar la tributación efectiva.
Chapman recordó que el nivel más alto alcanzado fue de 12%, en un contexto excepcional: cuando Panamá recibió el grado de inversión, se ejecutaban megaproyectos como la expansión del Canal, Tocumen y carreteras, y entraba capital extranjero gracias a la estabilidad macroeconómica. Esa bonanza fue insostenible: al cabo de una década, el desempleo pasó de 4% a 7.5%, la recaudación cayó y la deuda se disparó.
Hoy no existen esas condiciones. La informalidad supera el 50%, el desempleo está por encima del 10% y el gasto público agresivo difícilmente podrá crear empleo formal. Persisten regulaciones excesivas, proteccionismos y costos de legalidad cada vez más altos.
Ante este panorama, la solución no pasa por recetas keynesianas de mayor gasto, sino por aplicar lo que Arthur Laffer explicó con su famosa curva: una presión tributaria excesiva desincentiva la inversión y la formalidad, y puede incluso reducir la recaudación.
La salida es clara: un Flat Tax. Un impuesto único y bajo que elimine fueros, privilegios y regímenes especiales. Hoy, la mayoría de las empresas paga 25% de Impuesto sobre la Renta, mientras una minoría con leyes a la medida paga 5%, 10% o incluso nada. Esa inequidad no solo contradice el principio constitucional de igualdad, sino que frena la competitividad y empuja a más personas a la informalidad. Un Flat Tax de no más del 15%, aplicado sin distinciones, ampliaría la base de contribuyentes, simplificaría el sistema y enviaría una señal clara: en Panamá no habrá impuestos confiscatorios ni privilegios fiscales.
Mejorar la tributación efectiva no se logrará con más burocracia ni con más gasto, sino con reglas simples, iguales para todos, que devuelvan a la economía la libertad de crecer y generar riqueza.
El autor es economista y miembro de la Fundación Libertad.
