“No hay dinero en el mundo que compense la vergüenza internacional que sufriría Estados Unidos si se otorga una fianza y la persona se fuga”.
Este fue uno de los argumentos de los fiscales estadounidenses en oposición a la fianza solicitada por los abogados de Ricardo Martinelli antes de ser extraditado a Panamá por el caso conocido como los “pinchazos”.
Poca confianza tenemos los panameños en nuestra Corte Suprema de Justicia, que a la fecha ha dado pocas muestras de compromiso en la lucha contra la corrupción y que ha evadido su responsabilidad en más de una ocasión, escudándose detrás de la prueba idónea para no admitir investigaciones a los diputados. A tal punto llega esta desconfianza que muchos nos hemos sorprendido positivamente con la firme actuación del magistrado Jerónimo Mejía en las audiencias realizadas del caso Martinelli.
Este martes 19 de junio los magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Hernán De León, Cecilio Cedalise, Abel Zamorano, Oydén Ortega, y cinco suplentes: Luis Mario Carrasco, Asunción Alonso, Wilfredo Sáez, Efrén Tello y uno por definir; decidirán la petición de cambio de medida cautelar solicitada por los abogados de Ricardo Martinelli, quien hoy se encuentra detenido en el Centro Penitenciario El Renacer.
Nuestra legislación contempla la detención preventiva como una medida para evitar, entre otras cosas, la fuga, la desatención al proceso o la destrucción de pruebas. Los fiscales en Estados Unidos consideraron que Ricardo Martinelli tiene suficientes “medios financieros y lazos con países extranjeros” para evadir el proceso de extradición en su contra, por lo que existe un riesgo “sustancial” de fuga, opinión que fue avalada por el juez Edwin Torres.
Si contemplamos además su salida del país cuando se iniciaron las investigaciones en enero de 2015, la desatención a todas las audiencias a las que fue citado y su total rechazo a venir voluntariamente a Panamá para enfrentar este proceso, aun tras estar detenido por un año, para finalmente ser extraditado; es claro que Ricardo Martinelli estaría dispuesto a cualquier cosa para evitar enfrentar la justicia.
Esta es la prueba de fuego para nuestros magistrados.
Lo que pedimos los ciudadanos es que se realice el proceso, que las audiencias sean públicas y que sean las pruebas las que determinen su culpabilidad o inocencia. Poner en riesgo este proceso cambiando la medida cautelar, sería una vergüenza internacional y una enorme decepción para los panameños que aún guardamos la esperanza de vivir en un país donde las leyes se cumplan y, en caso de que no se cumplan, los culpables paguen las consecuencias sin distingo de su dinero o poder.
“Los fugitivos no deben ser liberados bajo fianza a menos que puedan demostrar que no constituyen un riesgo de fuga o peligro para la comunidad”, Adam Fels, fiscal federal, Estados Unidos.