Hace varios años que la gestión pública en América Latina entró en una crisis profunda, ligada a la corrupción, tanto real como percibida.
A menudo la crisis parece una formidable avalancha que incluye casi todos los países de la región, así como los tres poderes del Estado y que se extiende desde el nivel central hasta las administraciones locales.
Si tuviera que citar a los expresidentes y a funcionarios públicos y del sector privado de América Latina que en los últimos años han sido investigados por delitos ligados a la corrupción, su nomenclatura ocuparía este diario completo. Es justo reconocer aquí que la mayoría de ellos y ellas aún no tiene una condena definitiva dictada en último grado y que son inocentes; porque la presunción de inocencia es un pilar fundamental de nuestra convivencia civil. Sin embargo, su inocencia formal no puede cubrir el hedor que despide el sistema.
Las consecuencias de esta situación son demoledoras y se sintetizan en una observación sencilla: la gente entiende hoy que la política es culpable de ello, que es lo peor, que es la causa de todas nuestras desgracias. Somos cada vez menos quienes recordamos que la política debe ser lo contrario, que es ella la que nos ha salvado de la barbarie, de la ley del más fuerte y del tribalismo al cual las tendencias antimultilateralistas de hoy en día nos quieren llevar de vuelta.
La reacción a tanto ultraje en defensa del espacio político –nuestra misma sobrevivencia como comunidades– ha sido poderosa. Desde el mismo Estado y desde las mal llamadas sociedades civiles, valerosas mujeres y hombres viven y algunos han muerto por ello: jueces y fiscales, activistas de derechos humanos, guardianes de la naturaleza, diputados y senadoras, alcaldes, periodistas, empresarios, funcionarios públicos, hombres y mujeres que luchan. Pareciera ridículo y perverso, pero también varios de ellos enfrentan demandas judiciales, tienen reparos y glosas de las contralorías, sus nombres se alternan en las citaciones judiciales con los de los criminales a quienes combaten.
Y, si bien la lucha contra la impunidad es la piedra angular de los cimientos del nuevo edificio de convivencia que queremos construir, es perverso el efecto de la lentitud y la complejidad de los sistemas judiciales obsoletos. En muchos países estamos atrapados en ello. Las elecciones generales son definidas por la judicialización de la política, que suele suceder después que haya ocurrido el proceso opuesto: la politización de la judicatura y de los órganos de control. Un eterno juego de policías y ladrones donde ya es difícil divisar quien es quien.
Para ganarle la guerra a la corrupción y la ilegalidad necesitamos urgentemente regresar a la honestidad, la ética personal y a la ética política. Necesitamos también un nuevo paradigma de buena administración pública.
Trabajando junto con el sector público de América Latina, Unops ha aprendido lecciones relativas a la infraestructura, a las adquisiciones y a la gestión pública que pueden ser útiles. Entendemos cada una de estas lecciones como puntos de una red de conocimientos y experiencias prácticas en las que se aplican los principios que hacen a la gestión pública justa y equitativa (#GPJE - #FPM Fair Public Management en inglés). ¿De qué se trata? Se trata de la otra cara de una misma moneda: la Lucha contra la corrupción, por un lado, la gestión pública justa y equitativa por el otro.
La necesitamos fortalecer porque su narrativa es positiva y favorece la construcción de ciudadanía; porque se orienta a construir nuevas normativas, marcos de referencia, pero sobre todo nuevas prácticas. El objetivo es mejorar la gestión pública sumando a la política una ciudadanía entusiasta en lugar de expulsarla, incluyendo a las diversidades en vez de discriminarlas, buscando la igualdad en lugar de profundizar las inequidades.
Mejorar la gestión pública justa y equitativa en nuestros países es urgente. Porque un mundo diverso es posible.
El autor es director regional para LAC de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)