La recurrente temporada de lluvias y tormentas, marcada por inundaciones, colapsos y deslizamientos, es un recordatorio palpable de la mala planificación y gestión urbana de nuestra ciudad. Esta realidad ha sido reconocida incluso por voces oficiales, como el director de Mantenimiento Vial del MOP, quien ha señalado que la solución de fondo a la crisis vial pasa por un ordenamiento territorial serio.
En la última década, la ciudad de Panamá ha visto proliferar grandes proyectos de espacio público en zonas clave como la Avenida Central, Calle Uruguay y Vía España. Sin embargo, estos proyectos —al igual que muchos otros en el país— rara vez alcanzan su potencial transformador porque no responden a una lógica integral y participativa de planificación a largo plazo.
En cambio, operan bajo una lógica política coyuntural y cortoplacista. Aunque este enfoque puede parecer práctico y eficiente a corto plazo para el gobierno y parte de la opinión pública, la falta de una visión integral y un plan interinstitucional termina pasando una factura política más alta a largo plazo. El ejemplo de un exalcalde al que cariñosamente apodan “Aquaman” subraya esta realidad.
Para evitar que los futuros líderes sean caricaturizados por su ineficiencia frente a la crisis no solo hídrica, sino también urbanística, es imperativo que los proyectos de infraestructura (ciclovías, rutas peatonales, carriles exclusivos) no se limiten a intervenciones estéticas o a calles aisladas. Deben formar parte de un programa que atienda progresivamente las necesidades reales de las comunidades en cuanto a espacio público e infraestructura básica de sus barrios. Esto es clave para que los proyectos sean legítimos y permitan a residentes y propietarios sostener financieramente las mejoras en el tiempo. El requisito fundamental para lograrlo es construir confianza para poder planificar y gestionar.
La necesidad de una planificación legítima y sostenida intentó abordarse desde la burocracia municipal mediante la figura del Gestor Urbano, incluida en los Planes de Ordenamiento Territorial (PPOT San Francisco 2018 y PLOT Distrital 2021). Este aparato institucional, encargado de hacer cumplir los planes y ejecutar sus proyectos, no ha logrado materializarse.
Su fracaso, en mi opinión, radica quizás en su complejidad percibida, que parece duplicar las funciones de las ya existentes direcciones de Planificación Urbana. Dado que estas direcciones suelen estar mal comprendidas políticamente, mal financiadas y deficientemente equipadas, resulta difícil justificar la asignación de presupuesto a otro ente burocrático que se percibe como un lujo.
Ante la muerte en su cuna de este ente centralizado, la solución debe construirse paso a paso, desde la base, a través de formas más participativas y legítimas de gestión urbana. En las siguientes líneas nos centraremos en una de estas figuras: las Áreas de Mejoramiento Comercial o Comunitario (Business Improvement Districts o BIDs).
Un BID es una zona administrada por organizaciones comunitarias basadas en alianzas cívicas. Estas organizaciones incorporan a residentes, comerciantes y propietarios en sus juntas directivas, y el gobierno local o nacional les delega legalmente ciertas funciones complementarias, entre ellas:
Mantenimiento adicional y mejoras al entorno urbano.
Refuerzo de la seguridad.
Publicidad y activación comercial.
Lo crucial es que el gobierno debe permitir por ley a estas asociaciones de propietarios y residentes recolectar cuotas de mantenimiento y realizar otras actividades de autogestión. Esta financiación es vital porque, además de mejoras estéticas y de seguridad, estos fondos comunales pueden destinarse al mantenimiento de infraestructura barrial crítica, como el drenaje pluvial secundario y su conexión a las líneas principales, o al aumento de la permeabilidad mediante más áreas verdes. Así, se atacan directamente algunas de las causas de las inundaciones y de la crisis de la “ciudad subacuática”.
Con estos recursos, la organización puede contratar un equipo técnico para diseñar un Plan de Acción del Área de Mejoramiento Comercial, que incluya proyectos de recuperación urbana, planes anuales de mantenimiento, activación y mercadeo, y un sistema financiero sostenible.
Es fundamental entender que, al autorizar un BID, los gobiernos local y central no renuncian a su deber de brindar servicios básicos; simplemente se apoyan en la comunidad para alcanzar un mayor nivel de satisfacción a nivel barrial. Aunque los BIDs no pueden imponerse, son una herramienta ideal para zonas ya intervenidas, como Calle Uruguay o Avenida Central, donde es urgente que vecinos, propietarios y residentes se organicen para evitar el deterioro de los proyectos, mejorar su barrio y hacerlo más atractivo, generando empleos locales y ayudando a repoblar el centro de la ciudad.
El desafío para otros barrios con necesidades integrales, como Boca La Caja o San Sebastián, requerirá de otras figuras para evitar la gentrificación, tema que se abordará en un próximo artículo.
El autor es arquitecto y urbanista.
