Judicial Watch ha logrado esta semana que siga vivo hasta las elecciones presidenciales de noviembre el caso del servidor de correo electrónico privado de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, en el primer mandato de Barack Obama. Sin las acciones del grupo, el caso no habría avanzado. Ha llevado a un juez a ordenar a Clinton que entregue un testimonio escrito por su uso del correo, se ha conocido la existencia de 15 mil nuevos emails y se han publicado centenares de correos que evidencian los lazos entre la Fundación Clinton y el Departamento de Estado. También forzó al FBI a admitir que estaba investigando a la candidata demócrata por el uso del correo. En julio, la agencia declinó recomendar cargos y el caso quedó cerrado. Pero ahora se ha reactivado en otro proceso gracias a Judicial Watch.
El objetivo de la entidad, fundada en 1994 por Larry Klayman, un abogado conservador obsesionado con presentar demandas sin importarle el objetivo (contra un país entero, como Irán por el acuerdo nuclear, o contra su propia madre, a la que pedía un reembolso por gastos médicos de su abuela), es promover la “transparencia y rendimiento de cuentas en el gobierno”, según explica en una entrevista Chris Farrell, director de investigaciones.
El grupo se ha especializado en impulsar acciones, a partir de la ley que permite pedir la publicación de documentos oficiales, contra indicios de secretismo de todos los gobiernos. Ha forzado cambios relevantes: gracias a sus demandas, la ciudadanía puede consultar la lista de visitantes a reuniones en la Casa Blanca. Pero también ha dado pábulo a teorías que rozan la conspiración y que no han sido demostradas, como la supuesta existencia el año pasado de un campamento del Estado Islámico en México, en una zona próxima a Estados Unidos.
En estas dos décadas, Judicial Watch ha multiplicado su tamaño e influencia. Tiene 46 trabajadores y un presupuesto anual de unos 24 millones de dólares. Farrell declina identificar a los donantes y los describe como medio millón de personas corrientes.
El director de investigaciones, que lleva 17 años en el grupo, explica que Judicial Watch es “filosóficamente conservador” en el sentido de defender la Constitución, un gobierno pequeño y mayor libertad individual. Pero enfatiza que no está afiliado a ningún partido y, ante las acusaciones de cercanía republicana, subraya que presentaron unas 200 demandas contra el Gobierno del republicano George W. Bush, en especial por los vínculos del vicepresidente Dick Cheney con empresas energéticas. Pero Judicial Watch no puede entenderse sin su ferocidad contra los Clinton.
Es un referente para los conservadores que ven al matrimonio como sinónimo de opacidad e irregularidad. Ahora, sus acciones alimentan la esperanza de los que quieren evitar una victoria, como pronostican las encuestas, de la candidata demócrata en las elecciones.