Una consecuencia importante de la unión a Colombia fue el involucramiento del istmo en varias guerras civiles. Tras el derrumbe del Estado republicano fundado por el libertador Simón Bolívar, frecuentes conflagraciones perturbaron la tranquilidad en la patria de Santander, así como en nuestro país.
Una profunda reflexión al respecto de esta circunstancia y un deseo por promover la “paz científica”, en aras del anhelado progreso material, llevó a Rafael Núñez a emprender su llamada “regeneración”, aliándose a tales efectos con los conservadores para derrotar en 1885 a los liberales radicales. Tras vencer a sus adversarios, Núñez declaró la abolición de la carta política de 1863, que había ampliado significativamente el sistema federal y el reconocimiento de los derechos individuales.
Aquel texto fundamental, en cuya redacción participó Justo Arosemena, nada menos que como presidente de la convención que lo produjo, fue abolido mediante un mero pronunciamiento. “La Constitución de Rionegro ha dejado de existir, sus páginas manchadas han sido quemadas entre las llamas de La Humareda”, declaró Núñez desde el balcón de la casa presidencial. Aludía a la batalla decisiva, en el departamento del Magdalena, que definió la guerra de 1885, como lo recuerda el jurista Juan Carlos Henao (El Tiempo, 7 de mayo de 2013).
Núñez y sus partidarios creyeron que su “regeneración” traería la paz. Sin embargo, el régimen represivo que establecieron, la exclusión de la oposición y la arbitrariedad con que los agentes del gobierno central ejercieron sus funciones en muchas partes, como en Panamá, radicalizaron a los liberales, quienes el 17 de octubre de 1899 iniciaron una nueva rebelión en el departamento de Santander.
A partir de esa fecha—119 años atrás, hoy—la insurrección se extendió a todo el país, envolviendo más tarde al istmo y convirtiéndose, eventualmente, en la más cruenta de las contiendas colombianas del siglo XIX. A pesar de sus implicaciones y no obstante la publicación de varias obras por autores istmeños, la Guerra de los Mil Días solo se menciona superficialmente en las lecturas escolares.
Poca conciencia tienen de ella quienes pretenden dirigirnos aunque, según todos los indicios, constituye un capítulo sumamente violento de nuestra historia. En la magnitud del sufrimiento que causó, rivaliza con eventos tan devastadores como la incursión del pirata Morgan (1671), los grandes incendios en nuestras principales ciudades, la dictadura militar (1968-1989) y la invasión estadounidense (1989).
En el istmo, la guerra tuvo tres episodios intensos—en 1900, 1901 y 1902—y fue el escenario de la revuelta de los indígenas coclesanos, liderados por Victoriano Lorenzo, auténtico conato de revolución social en Panamá. El gobierno conservador, auxiliado por Estados Unidos en virtud del tratado de 1846 (Mallarino-Bidlack), prevaleció sobre los rebeldes liberales en cada una de estas etapas.
Según algunos observadores, sin el apoyo estadounidense al oficialismo, los liberales hubiesen ganado en el istmo, donde gozaban de mayores simpatías que los “regeneradores”.
Es necesario explorar más a fondo el costo humano de esta conflagración. El grupo afroantillano, blanco de discriminación desde su llegada al istmo a mediados del siglo XIX, fue una de las poblaciones que más padeció durante la Guerra de los Mil Días.
El Archivo Nacional del Reino Unido contiene una importante colección de documentos suscritos por integrantes de este sector, quienes recurrían al cónsul británico, Claude Mallet, en la esperanza de obtener alguna rectificación frente a los abusos cometidos. Desde Corozal, por ejemplo, C. John Phillips, oriundo de Santa Lucía, se queja por el asalto de tropas gubernamentales y el despojo de una silla de montar, el 27 de julio de 1900.
El 30 de julio, William Davis Bremand reporta la irrupción de soldados en su vivienda y la destrucción de su mobiliario. En la misma fecha, Samuel George solicita apoyo a fin de recuperar el caballo que le fuera arrebatado “por los liberales” y que, tras la derrota del puente de Calidonia (25 de julio) se encontraba en poder del gobierno departamental. Estas y otras evidencias están a la espera de ser recuperadas e interpretadas a fin de obtener una mayor comprensión del impacto de la Guerra de los Mil Días. En aras de una sociedad más justa, equitativa y armoniosa, haríamos bien en estudiar con mayor cautela este segmento de nuestro pasado.
El autor es politólogo e historiador y director de la maestría en relaciones internacionales en Florida State University, Panamá.
