El zoólogo y escritor británico Desmond Morris, en su libro Comportamiento íntimo, afirma que el hombre es el único animal que se ríe, además de las hienas, que lo hacen por instinto. Siguiendo la misma lógica sobre el curioso y especial comportamiento humano, tal vez sea válido agregar a lo planteado por Morris que probablemente seamos también la única especie animal con una marcada tendencia natural hacia la corrupción, si consideramos, por ejemplo, la abrumadora evidencia que en este aspecto encontramos en Panamá.
Hagamos un recuento aleatorio sobre el tema. El financiamiento público de los partidos políticos —entiéndase subsidio electoral— pasó de 15 millones en 1997 a 109 millones en 2024, sin que en todo este tiempo se haya percibido siquiera un ápice de mejoramiento en favor de la democracia, tanto en los procesos y reglas electorales como en el funcionamiento de los partidos políticos en general. Por otro lado, la fiesta en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), con su flamante rectora Etelvina de Bonagas, continúa imperturbable: recibirá en 2026 un presupuesto de $72 millones, ni un centavo menos de lo otorgado en 2025. Al parecer, ello ocurre al margen de las auditorías supuestamente realizadas por la Contraloría General de la República y de las fuertes denuncias presentadas, incluso por el propio presidente de la República, sobre el evidente manejo antojadizo y desordenado de los recursos del Estado por parte de esta universidad.
Y qué decir del reciente escándalo de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) vinculados al blanqueo de capitales y delitos informáticos en perjuicio del Estado para evadir impuestos, por cerca de $11 millones. A ello se suma el no menos escandaloso y también millonario caso de rampante corrupción en la AIG, denunciado en diciembre de 2023 por el entonces subadministrador Luis Carlos Stoute. El caso involucra al exdirector Luis Oliva y a varios empresarios, entre ellos Budy Attie, quienes en plena pandemia se asociaron para obtener beneficios ilícitos en el manejo de operaciones financieras del Estado vinculadas al “vale digital”. Hoy, todos ellos se mantienen libres y solo deben reportarse para firmar una vez al mes mientras dure el proceso de investigación por los graves delitos imputados.
Cortados con la misma tijera, la tapa del coco parece concentrarse una vez más en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en la Asamblea Nacional. En el caso de la CSJ, amparados en el vergonzoso y corrupto privilegio de la denominada falta de “prueba idónea”, los magistrados blindaron recientemente a varios diputados con el archivo de denuncias en su contra. Los beneficiarios no podían ser otros que Benicio Robinson, Jairo Salazar, Ariana Coba y Jessica Romero. Imagino que, en el caso particular de la denuncia por agresión física presentada por el diputado Betserai Richard contra Jairo Salazar, hizo falta —a juicio de la CSJ— que la agresión de la cual Salazar se ufanó a los cuatro vientos estuviera acompañada de una radiografía con fractura de mandíbula o de cráneo, o en su defecto, el decomiso de la “magnum” de Pedro Navaja, para que así valiera la pena admitir las pruebas por parte de los inescrupulosos magistrados.
Por los lados de la Asamblea, al presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Luis Eduardo Camacho, al parecer no le da ni frío ni calor lo acontecido recientemente en Nepal, donde ciudadanos hastiados de la corrupción decidieron prender fuego al parlamento. Digo esto porque es tal la desvergüenza que exhibe el diputado Camacho, cuando hace apenas un par de días lo escuchamos decir, a todo pulmón, que se vanagloria de mantener engavetados por el tiempo que le venga en gana los proyectos anticorrupción presentados por el procurador Luis Carlos Gómez. En su lugar, le parece mejor promover la ley “robó, pero hizo”, que el diputado chiricano Jamis Acosta se sintió muy honrado en sustentar, y mediante la cual se permitiría revisar la condena de Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales en el caso New Business, invocando argumentos que ni siquiera están contemplados en el Código Judicial.
En ese sentido, la cereza en el pastel la pusieron, inexplicablemente, los cuatro diputados de Vamos y Moca que integran dicha Comisión de Gobierno, quienes votaron a favor de prohijar esta nefasta ley presentada por Acosta con el beneplácito de Camacho, quien entre risas y mal disimulado asombro culminó la sesión que da alas a este nuevo mamotreto.
Si bien la esperanza es un buen desayuno, constituye no obstante una mala cena. Pese a ello, aún conservo la fe en que las cosas cambiarán para bien en este país. Habrá una vez…
El autor es pintor y escritor.
