No hay día que no veamos en las noticias un cierre de calles por falta de agua o una rotura de tubería que afecta parte de la ciudad. Ante esto, ¿qué hacer?
Pareciera que existe un consenso generalizado de que es necesario darle mayor autonomía al Idaan para que pueda funcionar con efectividad, pero ello dista de ser suficiente para resolver el problema perenne de falta de agua en más de 200 mil hogares que no la reciben del todo o de manera permanente, y que solo factura el 50% de su producción por pérdidas. Es necesario otorgarle una verdadera autonomía a la gestión de la entidad, incluyendo, sobre todo, independencia del factor político y actualizar sus tarifas para los grupos medios y altos, donde el Estado subsidie solo a los de bajos ingresos, de tal manera que la empresa sea sostenible financieramente y pueda operar sin depender del apoyo del Gobierno central, que en el último quinquenio destinó más de mil 500 millones de dólares a este sector.
En los últimos 40 años, hemos tenido varias experiencias en nuestro país de las que podemos aprender algunas lecciones. Por ejemplo, la experiencia exitosa con Petroterminal de Panamá, S.A., creada en 1977 como empresa mixta con participación del Estado creciente desde el 25% inicial hasta el 54% actual. Ella sigue operando exitosamente en manos de Northville Industries, el socio privado que la ha mantenido operativa, eficiente y generando importantes recursos para Chiriquí y Bocas del Toro. De ella, el fisco nacional y los municipios regionales han recibido más de $1,000 millones en impuestos y contribuciones, además de otros beneficios.
Por otro lado, en 1996-98 se reestructuró el IRHE, creando cuatro empresas de generación y tres de distribución eléctrica, cuando se vendió el 49% y 51%% de sus acciones, respectivamente, contratando la gestión administrativa a las empresas que ganaron las licitaciones internacionales. Este proceso fue exitoso, en opinión de los organismos internacionales que lo supervisaron, por crear un mercado eléctrico competitivo y proveer el financiamiento necesario de más de $7 mil millones de inversión en generación y distribución para satisfacer el extraordinario crecimiento de la demanda eléctrica experimentada en los últimos 20 años en Panamá, que se duplicó.
Dentro de ese mismo proceso se creó Etesa, empresa 100% propiedad del Estado que debía gestionar la transmisión eléctrica. Esta operaría como si fuese privada, supervisada por una junta directiva, con sus procesos internos. Lamentablemente, esto no fue así y poco a poco le impusieron los procesos como si fuera otra entidad estatal, culminando con la Ley 22 de 2006, aplicada a todas las empresas donde el Estado tenía más del 51% del capital accionario, incluyendo a Etesa. Ello, aunado a la injerencia del Ejecutivo en nombramientos y decisiones, motivó que la empresa entrara en una aguda crisis el año pasado, al no tener a tiempo la tercera línea postergada por el gobierno anterior. Debido a ello, el sistema no contaba con capacidad suficiente de transmisión de la energía contratada para ser generada en la región occidental del país, lo que le representó multas y costos por más de $300 millones a Etesa y a los generadores afectados.
Tomando en cuenta estos antecedentes y experiencias, me permito sugerir que la solución a la problemática del Idaan y el suministro de agua a la población deberá enfrentarse con valentía, reestructurando esta agencia en algún tipo de alianza público privada (APP) descentralizada, no exclusiva. El modelo que sugiero se ha ensayado exitosamente en varias ciudades de la región, como Bogotá, Cartagena y Barranquilla, en Colombia, así como en varias ciudades de Perú y Chile, Europa y Asia. El modelo de la Autoridad del Canal de Panamá no es aplicable, porque veo muy difícil lograr la enmienda constitucional que esta tiene y que le ha permitido mantenerse alejada de los vaivenes políticos.
La estructura de esta APP sería motivo de otro análisis, en el que debemos explorar las ventajas y desventajas de cada opción. Estoy convencido de que esta es la única forma de darle sostenibilidad financiera y autonomía de gestión a esta empresa, con una estructura que la blinde efectivamente para que acometa con éxito la difícil tarea de resolver, de una vez por todas, la problemática de la producción y distribución eficiente de agua potable a todos los grupos sociales de nuestro país.
El autor es economista