La administración pública busca gestionar de forma correcta los recursos del Estado con la finalidad de realizar una distribución equitativa de los mismos. No obstante, cuando los funcionarios no cumplen con su mandato constitucional y legal, se cometen acciones que pueden enmarcarse dentro de conductas delictivas que afectan el patrimonio de la cosa pública.
Los delitos contra la administración pública buscan evitar, desde la óptica del Derecho Penal Preventivo y Punitivo, la comisión de acciones delictivas que afecten el correcto desarrollo del buen gobierno. Por ello, tanto la rendición de cuentas como la transparencia son principios rectores de este tipo de delitos.
Para la comunidad internacional y los ciudadanos es cada vez más común consternarse por los altos niveles de corrupción. En consecuencia, se han generado normativas internacionales y adecuaciones jurídicas internas que tratan de disminuir esta mala praxis, realizada por algunos servidores públicos.
Los delitos de peculado en la administración pública tienen por objeto la protección de la correcta gestión administrativa del Estado. Por ello, su estudio y desarrollo son de vital importancia para la sociedad.
Al analizar este concepto, debemos indicar que la administración pública está conformada por un conjunto de órganos y entidades del gobierno estatal, autónomo o local, que sirven con objetividad a los intereses de la colectividad y se rigen por el principio de legalidad para el correcto manejo de la función pública. En el Código Penal panameño se establecen varios tipos de delitos contra la administración pública. Sin embargo, muchos de estos son insuficientes, con penas muy bajas, lo que conlleva a la aplicación de penas sustitutivas en vez de una verdadera certeza del castigo, evitando que quienes cometen estos delitos de corrupción vayan a la cárcel.
Al analizar los delitos de corrupción de los servidores públicos, citamos a la autora española Malem Seña, quien expresa lo siguiente: “(…) La democracia es una forma reglada de ejercicio de poder. Su forma representativa descansa, en último término, en la confianza de los ciudadanos. Estos confían en que las decisiones gubernamentales estarán guiadas por la honestidad y por la búsqueda del bienestar general (…)”.
En los últimos años han sido escandalosas las desapariciones de bienes del Estado, cuyos paraderos se desconocen y cuyas investigaciones no han arrojado resultados claros. Entre los casos más notorios figuran la desaparición de puentes, estatuas, el águila harpía, fondos de la mina y de la descentralización, y más recientemente las 600 vigas. A veces me pregunto, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Por qué permitimos que estos actos de saqueo de los bienes públicos se normalicen?
Abogo por un aumento significativo de las penas por delitos de corrupción, así como por su imprescriptibilidad, de modo que las personas que se apoderen de los bienes del Estado puedan ser investigadas en cualquier momento y no se utilice el término de prescripción como un escudo para la impunidad.
El autor es profesor de la Universidad de Panamá.
