Más allá de un tema salubrista, el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) tiene un componente de derechos humanos, y me refiero particularmente a la población de hombres gay y hombres que tienen sexo con hombres (HSH).
Evidencias de las políticas del Ministerio de Salud hacia la población LGBTIQ+ se pueden documentar desde el Código Sanitario de 1940, aún vigente en Panamá, donde fuimos clasificados por 68 años como rufianes y sancionados por practicar la sodomía con multa y cárcel. El Código Sanitario era una de las bases para las campañas de profilaxis social y redadas callejeras por la Guardia Nacional para recoger a la población que violaba las normas de “la moral y las buenas costumbres”.
Sólo hasta el 2008, bajo la administración de Martín Torrijos, Panamá se convirtió en el último país hispanoparlante en derogar normas anti sodomitas; pero no se confunda, detrás de esto fue una maniobra para obtener financiamiento del Fondo Mundial contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, cuyo fin es mejorar la atención en salud y promover los derechos humanos y la calidad de vida de las poblaciones clave, que son hombres gay y HSH, población trans y trabajadoras sexuales. Tener a las poblaciones clave en un ambiente ilícito ponía en peligro el financiamiento.
La Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP), en alianza con otras organizaciones LGBTIQ+ de la región, organizó una protesta en el Congreso Internacional de Sida en Ciudad de México y la administración Torrijos, para evitar el escarnio internacional, derogó los artículos en el Código Sanitario, permitiendo que más de ocho millones de dólares llegaran a Panamá. Desafortunadamente, menos del 10% de la donación fue invertido en nuestra población y en el fortalecimiento de la sociedad civil.
Después de años de reclamo y negociación con las autoridades de salud, se logró las clínicas amigables, espacios donde su objetivo es crear condiciones para que las poblaciones clave reciban atención en salud sexual, libre de estigma y discriminación. Muy a pesar de los esfuerzos de las agencias internacionales y de la sociedad civil, los servicios se han visto afectados bajo este gobierno por la improvisación, mala coordinación y también -debo decir- la tolerancia de altos funcionarios ante manifestaciones de homofobia y transfobia.
El acceso a PreP, profilaxis pre-exposición al VIH, dio inicio a principios del 2022, muy a pesar de la resistencia del Minsa, que tenía en sus depósitos una donación del gobierno de Estados Unidos y que no lograba coordinar para hacerlo accesible a la población que la necesita, y aunado a organizaciones de personas que viven con VIH, preocupados que PreP incrementara la promiscuidad en la población LGBTIQ+, puso en riesgo el vencimiento de los medicamentos.
Un tratamiento que ha tenido mucho éxito en Europa y Estados Unidos, que previene la infección del VIH en más de 90%. Ya terminando el año se han vinculado más de 900 hombres gay y HSH tomando PreP, pero nuevamente este proyecto está en crisis. Los donantes han recibido cortes financieros importantes que ha reducido las horas de atención, creando un cuello de botella para que los usuarios puedan tener acceso a PreP y a la atención de las clínicas amigables, poniendo en riesgo la salud de cientos de personas de la población clave.
Esa es la importancia que la administración de Cortizo le da al tema. Su esposa fue clara cuando renunció como presidenta de la Comisión Nacional del VIH, alegando que el VIH era un tema de salud y no de derechos humanos, aun a pesar que el VIH fue declarado tema de Estado, echando por tierra años de incidencia política de Onusida y la sociedad civil para poder tener una respuesta al más alto nivel político ante la pandemia. Lamentable, pero la comunidad LGBTIQ+ no se puede quedar callada ante este tema.
Este 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el VIH, tiene por lema “Igualdad ya, necesitamos reconocer que es un tema de derechos humanos”. No entender o reconocer los contextos de estigma y discriminación que todavía debemos soportar en nuestra sociedad, que llevan a muchos hombres gay a llevar una vida oculta con sus familias, sus escuelas y sus lugares de empleo.
Una epidemia que ha golpeado duramente a los hombres gay en Panamá, donde la prevalencia de tres hombres por cada mujer sigue vigente y la epidemia sigue creciendo. Creer que con solo dar los medicamentos estoy haciendo el trabajo, pero no accionar para prevenir las situaciones que llevan a hombres gay a asumir conductas de riesgo es no hacer el trabajo. Y esa es la realidad de Panamá: un trabajo a medias.
El autor es activista LGBTIQ+ y defensor de derechos humanos
