Un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch revela una escalofriante realidad: autoridades panameñas cómplices y perpetradoras de crímenes sexuales contra mujeres y niñas migrantes. Los testimonios son devastadores, pero mucho más preocupante es la indiferencia de las fuerzas de seguridad y de las más altas autoridades que, sabiendo lo que ocurre, no han hecho nada, dejando delitos en una impunidad indignante. Se suma la cuestionable actitud de recibir a los migrantes para empujarlos fuera del país, de negarles atención médica –incluso la que brinda gratuitamente Médicos Sin Frontera– e irrespetar sus derechos. El informe muestra, para nuestra vergüenza, la descomposición de funcionarios que insisten en poner distancia de personas vulnerables, de niñas y mujeres abusadas a quienes debieron ofrecerle protección. El ministro de Seguridad debe iniciar de inmediato una investigación, al igual que el Ministerio Público, sin importar si hay o no una denuncia, pues fueron las fuerzas del orden las que habrían violado o acosado a mujeres y niñas migrantes. Si se comprueban las denuncias, el mensaje debe ser alto y claro: cero tolerancia a estos abusadores.