Lo que ocurrió en la Asamblea Nacional no fue solo una demora. Las cinco horas en que no se instaló la sesión para elegir su directiva revelaron algo más grave: presiones del Órgano Ejecutivo y de la Contraloría General para imponer una nómina.
No fue solo la presencia del secretario general de la entidad fiscalizadora, Ventura Vega, lo que llamó la atención. Según diversas fuentes legislativas, hubo contactos directos desde la Contraloría con diputados, con el objetivo de influir en su voto a favor de una candidata específica.
Cuando la institución que debe auditar contratos y planillas entra en la negociación de respaldos legislativos, se cruza una línea peligrosa. Se desdibuja su rol técnico, se configura un conflicto de intereses y su labor pierde legitimidad. No se puede ser árbitro y jugador al mismo tiempo.
La separación de poderes no es decorativa: es la base de una República. Y cuando las instituciones de control se prestan para el juego político, no solo se degrada el Estado. Se pone en riesgo la democracia.
