El debate sobre la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) ha dejado al descubierto profundas inequidades en el sistema de jubilaciones del país. Aunque las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública no se financian con fondos de la CSS, sino del presupuesto general del Estado, los privilegios de este grupo contrastan con los sacrificios que se les exige a trabajadores y empresarios.
Mientras se plantea aumentar en tres años la edad de jubilación para los trabajadores y un 70% los aportes patronales, los uniformados pueden retirarse tras 30 años de servicio, con un ingreso basado en su último salario. Este sistema ha costado al menos $541 millones en los últimos seis años, generando críticas justificadas. La Constitución panameña prohíbe fueros y privilegios entre ciudadanos. Es momento de que exista un compromiso para equiparar las jubilaciones. La justicia social no puede ser una promesa vacía, sino un principio rector en las reformas que necesita el país.
