Mientras la Asamblea Nacional posterga la discusión sobre las reformas a su reglamento interno, varios diputados continúan aprovechando privilegios fiscales heredados de una normativa de hace tres décadas. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, 19 diputados importaron 20 vehículos con exoneraciones que suman $208,517, recursos que el Estado dejó de percibir.
Mientras el ciudadano común paga impuestos incluso por autos usados, los legisladores disfrutan descuentos que en algunos casos superan los $21 mil, en plena estrechez fiscal. No se trata de vehículos modestos: figuran modelos como Toyota Tundra y Land Cruiser.
La falta de transparencia agrava la situación. A las deudas de la Asamblea por alquiler de autos —cerca de $500 mil— se suman ahora estas importaciones franquiciadas. ¿Para qué gastar en alquiler si ya cuentan con autos exonerados?
Este abuso legalizado revela un problema estructural: una Asamblea que dilata sus reformas mientras protege beneficios personales, enviando un mensaje contradictorio sobre austeridad y rendición de cuentas.
