El contrato portuario en Isla Margarita debía cancelarse desde 2021, pero fue salvado por una adenda exprés tras una reunión entre el expresidente Cortizo y los nuevos actores del proyecto. Hoy, la empresa aún ocupa el fondo de mar, sin fianzas ni avances. Lo grave es que lo hace amparada por recursos admitidos en la Corte Suprema, mientras las promesas incumplidas se acumulan y la opacidad persiste. El presidente Mulino anunció su cancelación, pero la realidad no ha cambiado. ¿Quién intercedió para sostener una concesión fallida durante tantos años? ¿Quién protege ahora ese contrato desde el órgano judicial? Los panameños tienen derecho a saber por qué no se aplica la ley con la misma firmeza con que se exigió desde la AMP en 2021. No se trata solo de Isla Margarita. La historia se repite en otras concesiones estratégicas. Es hora de romper el patrón. Lo que está en juego no es un contrato: es la soberanía sobre nuestros activos más valiosos.
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Hoy por hoy: ¿Quién protege la concesión en Isla Margarita?
26 jun 2025 - 05:01 AM