Tardía, pero correcta. La Corte Suprema de Justicia ha suspendido parcialmente, en reunión extraordinaria de su pleno, una decisión que no solo era impopular, sino también insostenible frente a la realidad fiscal del país. Aprobar un fondo de compensación por retiro que garantizaba a sus magistrados el 100% del último salario fue una irresponsabilidad.
En tiempos en que las finanzas públicas atraviesan tensiones y la ciudadanía enfrenta carencias en servicios esenciales, aquel acuerdo enviaba un mensaje de desconexión y privilegio. Peor aún, lo mantuvieron en secreto por más de un año, lo que minó la confianza y la transparencia que deberían guiar a la máxima instancia judicial.
En su comunicado, la Corte se quejó de supuesta injerencia e irrespeto y precisó que la suspensión solo aplica a los magistrados del pleno, no a los de tribunales superiores ni a los jueces. Aun así, echar para atrás es un paso en la dirección correcta. No borra el error ni el desgaste causado, pero debería servir de lección sobre la necesidad de actuar con prudencia, empatía y respeto por el interés público. El país no olvida tan rápido.
