El pasado 18 de abril de 2023, la periodista Castalia Pascual entrevistó al director del Idaan, Juan Antonio Ducruet. En esa entrevista, Ducruet, entre otras cosas, señaló que el funcionario que sea diputado, entre otros que, a su vez, sea director, dignatario o beneficiario final de alguna sociedad contratada para repartir agua en carros cisternas, entra en un conflicto de interés y, por consiguiente, tiene una responsabilidad jurídica.
Ratificó, por consiguiente, que un diputado que sea beneficiario final de alguna empresa contratada para el negocio de distribución de agua a través de carros cisternas, entra en un conflicto de interés. Añadió que, si existe este tipo de conflicto de interés con un beneficiario final que sea diputado, el contrato es demandable.
Agregó sin tapujos que toda la información en el Idaan es pública, asegurando además su capacidad para conocer a cabalidad cuando existe conflicto de interés. También dijo que a esas empresas repartidoras de agua a través de carros cisternas, se les exigió una declaración por escrito para que certificaran que no tenían conflictos de interés, lo que supondría, tomando en cuenta la firmeza y solidez de sus declaraciones, exigir la identidad de los beneficiarios finales para asegurarse, por ejemplo, que ningún diputado está detrás de estas empresas (siendo un secreto a voces que éstos son dueños de algunas).
El 25 de abril de 2023 le enviamos una nota al director del Idaan, para que en base a sus palabras y declaraciones en la entrevista con la periodista, certificara el monto del contrato de cada uno de esos contratistas, para repartir el agua de la institución en sus carros cisternas; el nombre de los beneficiarios finales (personas naturales) de cada una de estas empresas contratadas por el Idaan, y la existencia o no de conflictos de interés de acuerdo a lo que establece la Ley 316 de 18 de agosto de 2022, que regula estas situaciones en el ejercicio de las funciones públicas.
Llamó la atención en la carta que nos respondió el director, el 25 de mayo de 2023, algunos puntos. El primero es que no contestó respecto a los montos contratados, imagino que por razón del despilfarro ilimitado de fondos públicos que caracteriza a este gobierno en contrataciones con allegados.
Pero resulta lo más incoherente cuando en su respuesta sobre la identidad de los beneficiarios finales, información que públicamente en la entrevista aseguró manejar, dice: “Tenemos a bien señalar que las contrataciones de carros cisternas para la distribución de agua potable están sustentadas en las modalidades establecidas en la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas; entre los requisitos establecidos en esta ley, en ninguna de ellas se le solicita a las empresas presentar una declaración de beneficiario final, razón por la cual el Idaan no posee ni maneja dicha información (Artículo 41 de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020)”.
O sea que el director ahora dice, y por escrito, no tener información sobre los beneficiarios finales (no tiene idea de sus identidades o quiénes son).
El director del Idaan en la entrevista a Castalia Pascual, dice que había pedido a los representantes legales de las empresas que certificaran si tenían o no conflictos de interés en base a la Ley de Transparencia; pero ahora, por escrito, responde no saber la identidad de sus beneficiarios finales (quienes, por cierto, podrían ser diputados), basado en la Ley de Contrataciones Públicas. Adiciona Ducruet que no tiene conocimiento de conflicto de interés entre funcionarios y contratistas del Idaan.
Obvio, al no saber quiénes son los beneficiarios finales de las empresas dueñas de los cisternas contratados, mal puede demostrar si hay o no conflicto de interés entre funcionarios y contratistas del Idaan.
¿Como es posible que el director del Idaan pueda certificar que no existe conflicto de interés entre empresas y contratistas, cuando añade que no tiene idea quiénes son los beneficiarios finales de esas empresas? Contradicción que comprueba y refuerza la falta de transparencia de cómo se maneja el Estado, cuando en este caso el Idaan, como entidad contratante, no conoce el beneficiario final de quienes contratan, tratándose de convenios de carácter público.
Lo que me hace pensar que el director del Idaan se jacta de suponer la inexistencia de conflictos de intereses entre contratistas y funcionarios, simplemente por una declaración del representante legal de las empresas, que no incluye (porque el Idaan asumo que no lo exige), la identidad de los beneficiarios finales (a pesar de que en la entrevista dejo entrever todo lo contrario).
Conclusión, el director del Idaan vocifera en público tener el conocimiento absoluto para declarar que no hay conflictos de interés entre contratistas y funcionarios, mientras por escrito responde que no sabe quiénes son los beneficiarios finales de las empresas contratistas, los cuales pueden ser diputados, ministros o cualquier otra persona responsable legalmente por tener algún tipo de conflicto de interés, que el Idaan frente a esta respuesta, no está en la capacidad de demostrar.
El autor es abogado
