LEGISLACIÓN PENAL

El impacto del peculado

El impacto del peculado
El impacto del peculado

El delito de peculado ha existido desde hace mucho tiempo, esto se remonta a la época del Derecho Romano, en el cual el delito de peculado, conocido como peculatus, se inició como todo hurto realizado al ganado perteneciente al Estado; luego su radio de acción se amplió hacia todas aquellas cosas que eran propiedad del Estado.

De igual manera, esta figura delictiva recorre todos los sistemas jurídicos imperantes en Europa, Asia, Medio Oriente y América. En este último, a través del Derecho Indiano, también narra la historia que el libertador Simón Bolívar, en el año 1813, tipifica el delito de peculado en Venezuela mediante la promulgación de un decreto, en el cual se aplicaba la pena de muerte y el embargo de sus bienes a todo aquel que defraudara los caudales de la renta nacional del tabaco.

En Panamá existe la figura del peculado desde el Código Penal de 1922, el cual en su Libro Segundo (Clasificación de delitos y aplicación de penas), Título VIII, que trata sobre los Delitos de los Empleados Públicos en el Ejercicio de su Cargo, en su Capítulo X, habla específicamente de Malversación de caudales públicos, en los artículos que van del 393 al 398.

Por último, en la Biblia, se habla de corrupción y dentro de esta acción se encuentra el hecho de engañar por parte de los recaudadores de impuestos y apropiarse de ellos. Es decir, desde la época antes y después de Cristo, la humanidad está interactuando con este tipo de delito que no es más que una forma de corrupción y desvalores por parte de toda aquella persona que ejerce funciones de carácter público.

En la actualidad, en Panamá, el Código Penal de 2007 establece en los artículos que van del 338 al 344. En su artículo 338, esta ley define en términos generales este delito, de la siguiente manera: “El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma, o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes, cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de cuatro a diez años. Si la cuantía de lo apropiado supera la suma de cien mil balboas (B/.100.000) o si el dinero, valores o bienes apropiados estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de desarrollo o de apoyo social, la pena será de ocho a quince años de prisión”.

En términos sencillos el delito de peculado lo podemos explicar como aquel hecho punible que se lleva a cabo mediante la realización de un conjunto de actos tendientes a transgredir o vulnerar la administración pública, el patrimonio del Estado, el patrimonio de los ciudadanos, a través del incumplimiento de los deberes y obligaciones, que la ley establece a los funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones, o a particulares que se encargan de administrar o custodiar bienes de alguna entidad pública o bienes que pertenecen a particulares, pero son custodiados por el Estado. Estos actos idóneos, a su vez, pueden llevarse a cabo mediante cualquiera de las siguientes acciones: malversación, sustracción, apropiación, extraviar, dar uso distinto al que ha sido asignado por la norma.

Tomando como referente el concepto emitido anteriormente, consideramos que el delito de peculado presenta las siguientes características: es realizado por un funcionario o alguien que este realizando una función de carácter público; el funcionario actúa en contravención con los deberes y obligaciones que la ley le ha impuesto para el ejercicio de su cargo; que con el actuar del funcionario se vea afectado la Administración Pública, el Patrimonio del Estado y el patrimonio de cada uno de los ciudadanos.

Concluimos este artículo señalando que este tipo de delitos crea un efecto negativo en la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional, manifestándose de la siguiente manera: indicando altos índices de corrupción a nivel gubernamental; disminuye la inversión extranjera; vulneración del principio de seguridad jurídica; falta de credibilidad de la población con respecto a sus autoridades; es una oportunidad para el desarrollo de la delincuencia organizada, entre otras cosas.

El autor es titular de Derecho Penal de la Universidad de Panamá

Edición Impresa

ENVÍOS POR EMAIL