Panamá atraviesa conflictos sociales en los que la huelga y la protesta pueden parecer los síntomas más visibles, pero no son la enfermedad. Creer que el problema central es la huelga docente, o las manifestaciones contra la reforma del sistema de seguridad social, el Memorándum de Entendimiento o la posible reapertura de una mina cuyo contrato fue declarado inconstitucional, es no comprender la magnitud del deterioro institucional que vivimos.
En sociedades menos fragmentadas, situaciones como estas se resolverían a través de mecanismos democráticos con participación ciudadana efectiva. Nuestra crisis actual responde a causas más profundas: la falta de transparencia, la corrupción persistente, la impunidad y el rezago institucional en la gestión pública.
El sistema educativo y, en particular, la administración de las escuelas y colegios, es uno de los primeros ámbitos en resentir las consecuencias de esa parálisis estructural. Acontecimientos como la pandemia de covid-19, la inflación y el alza del combustible en 2022, el cierre de la mina y las lluvias prolongadas en 2023 y 2024 provocaron interrupciones temporales del calendario escolar. Pero más allá de los eventos excepcionales, la raíz del problema es un rezago multifactorial en la gestión pública que impide anticipar, sostener y resolver los grandes desafíos del país. Esa inercia se traduce en una paralización permanente, aunque muchas veces invisible, del funcionamiento educativo.
En pleno año escolar, numerosos centros educativos mantenían grupos sin docentes nombrados. Con cada cambio de gobierno, se produce una ola de desvinculaciones de trabajadores manuales, personal de aseo y mantenimiento, afectando el funcionamiento cotidiano de los planteles y deteriorando la enseñanza. Esto no se resuelve con medidas punitivas ni con el reemplazo masivo de educadores.
El impacto del reemplazo de docentes recae directamente sobre los estudiantes. Las interrupciones en el proceso educativo no deberían interrumpir la continuidad del aprendizaje, y es fundamental salvaguardar esa coherencia. Cada intervención pedagógica implica una planificación, un enfoque y un estilo que no solo requieren conocimientos, sino también experiencia acumulada, conocimiento del contexto escolar y trabajo en equipo. De ahí la importancia de garantizar la estabilidad del cuerpo docente desde el inicio del año escolar.
Sustituir a un docente es también borrar el vínculo que ha construido con sus estudiantes. Ese lazo, que ni siquiera una huelga logra romper, es vital para la motivación académica y la confianza en el aula. Además, los reemplazos desconocen el historial individual de cada estudiante, dificultando una evaluación formativa justa, progresiva y ajustada a sus necesidades.
Cuando padres, madres y alumnos perciben que la institución educativa no ofrece estabilidad ni coherencia, crece la desconfianza hacia el sistema. La escuela, que debería ser el segundo entorno de mayor seguridad después del hogar, se vuelve entonces otro espacio de incertidumbre. En contextos de crisis, reemplazar a los docentes es como cortar la rama del árbol en la que uno está sentado.
El Informe mundial sobre los docentes: qué debes saber, elaborado por la Unesco y el Grupo de Trabajo Internacional sobre Docentes para la Educación 2030, señala que se necesitan 44 millones de docentes adicionales de primaria y secundaria en todo el mundo para el año 2030. En lugar de ofrecer policías a la ONU para resolver conflictos, el Estado panameño debería formar y ofrecer docentes con enfoque en educación para la paz. Ese sería un aporte auténtico y sostenible al mundo. Beneficio pro mundi.
El autor es especialista en educación.
