En estos tiempos de desafíos globales y exigencias cada vez más complejas para el Estado, Panamá se encuentra en una encrucijada: ¿seguiremos improvisando ante cada coyuntura o apostaremos por un rumbo claro, planificado y sostenible? La respuesta a esta pregunta no es mera retórica, sino una urgencia nacional. Panamá requiere con premura una visión estratégica de desarrollo que trascienda gobiernos y que maximice los recursos de todos los panameños.
Para lograrlo, resulta imperativo rescatar la estrategia de crear un Ministerio de Planificación y Política Económica que coordine todos los proyectos del Estado, evitando duplicaciones, dispersión de recursos y subejecuciones que malgastan capital público vital.
El Presupuesto General del Estado para 2026 asigna cerca de B/.34,900 millones, de los cuales más de B/.11,188 millones están destinados a inversión pública, es decir, casi un tercio del total del presupuesto.
Ciertamente, existe la Dirección Nacional de Programación de Inversiones en el MEF, bajo la responsabilidad del Viceministerio de Economía, así como el SINIP (Sistema Nacional de Inversiones Públicas), que regula, gestiona y evalúa proyectos de inversión pública; sin embargo, estos mecanismos dejan por fuera una planificación estratégica integral.
Los datos revelan una brecha entre lo que se asigna y lo que realmente se ejecuta. En el primer semestre de 2025, la ejecución de la inversión presupuestada alcanzó apenas 25% de lo proyectado, una señal de que el Estado genera planes sólidos en papel, pero enfrenta dificultades para llevarlos a cabo eficazmente en la práctica.
Este tipo de problemas no son solo administrativos, sino estructurales: ocurren por la falta de mecanismos institucionales sólidos que obliguen a planificar, priorizar, coordinar y evaluar proyectos públicos a nivel nacional.
La respuesta a este reto debería tomar como referencia experiencias comparables en la región. Costa Rica, por ejemplo, creó desde 1963 un Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), con el mandato de definir estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo, coordinar acciones interministeriales y dar seguimiento al impacto de programas y proyectos.
Modelos similares existen en múltiples países de América Latina. Colombia cuenta con su Departamento Nacional de Planeación, encargado de coordinar la inversión pública y elaborar planes estratégicos; en la República Dominicana, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo cumple funciones análogas, integrando prioridades económicas con planificación y evaluación.
¿Por qué resulta urgente regresar a la figura de un ministerio de planificación y política económica? Porque enfrentamos un escenario fiscal en el que la asignación inteligente de recursos es determinante para mejorar educación, salud, infraestructura y servicios básicos. El déficit fiscal proyectado, cercano al 3.5% del PIB en 2026, también exige mayor eficiencia en el gasto público.
Solo así podrán sostenerse inversiones que generen crecimiento económico real sin sacrificar la estabilidad fiscal a largo plazo.
La ausencia de una planificación robusta también genera duplicidades en inversiones que terminan saturando algunas regiones con proyectos similares, mientras otras quedan rezagadas. Un ministerio especializado podría exigir a cada cartera reportar sus proyectos por región y por impacto esperado, permitiendo una jerarquización del uso del presupuesto y una priorización clara de iniciativas.
Países que han logrado consensos en planificación estratégica no solo ejecutan con mayor eficiencia, sino que reducen riesgos de corrupción y fortalecen la transparencia institucional.
Panamá tiene el capital humano, el potencial económico y los recursos financieros; lo que falta es la institucionalidad y el compromiso político para articularlos de manera coherente y eficiente. Volver a un Ministerio de Planificación y Política Económica no es una moda académica, sino una necesidad urgente para coordinar la agenda pública y maximizar la inversión.
Planificar no es una opción: es el primer paso para garantizar un futuro próspero y equitativo.
El autor es exministro de Vivienda y estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible.
