La custodia de la salud de los habitantes de un país debe estar al cuidado del Estado. Llámase Estado a un territorio delimitado por fronteras naturales o convencionales, cuyos habitantes poseen lenguaje, etnia, religión y costumbres generalmente comunes: son soberanos, libres y deliberan de mutuo acuerdo acerca de sus necesidades de vida política, doméstica social, cultural y beligerante. De ninguna manera es el gobierno el Estado, porque los gobiernos son solo los representantes que los nacionales y los ciudadanos por adopción designan para que se encarguen de la administración del Estado y que, en ningún momento, deberán desentenderse de los deberes ni de los derechos de los ciudadanos.
La salud de las personas es el primer deber del Estado y un derecho inalienable de sus integrantes humanos. El Estado no debe permitir que la salud y la vida en su preservación fundamental escapen del control, conservación y conducción del Estado. La salud debe ser accesible, expedita y al menor costo posible para el que la necesite.
Tres son los elementos constitutivos de la vida material del ser humano: la salud, la paz y el trabajo. Es deber del Estado proveer a los ciudadanos de esos recursos básicos. El Estado somos todos los habitantes de una nación y el gobierno será, siempre y solamente, el administrador responsable de ese Estado, al que deberá rendir cuentas de su gestión administrativa y consultarlo antes de ejecutar sus iniciativas. En el presente, la salud de los panameños pareciera andar al garete.
La magna obra trascendental del Seguro Social alarma con las constantes noticias de sus deterioros en los programas de salud, hospitalización, pensiones y jubilaciones. La salubridad nacional no debe colocarse bajo la responsabilidad de los que especulan con las enfermedades y con la muerte de los asociados. La administración de la salud debe ser fiscalizada por los ciudadanos y debe ser accesible en su costo para el enfermo y efectiva y honesta en la aplicación de la asistencia médica. Por ende, es imprescindible que el Estado no abandone su deber de cuidar de la salud de los ciudadanos, permitiendo que se descuide ese derecho inalienable de los hombres de contar, permanentemente, con los recursos que garanticen la sanidad nacional. Esto es así porque es evidente que los panameños no cuentan con alternativas eficientes accesibles a sus bolsillos, y porque el triunfo de la conquista de la Seguridad Social se ha estado malogrando y pudiera estar a punto de perderse, porque esa institución sagrada para los ciudadanos ha debilitado su propósito de brindar salud igual para todos.
El primer paso hacia la solución del problema es la de humanizar profundamente la obra social de los gobiernos y revalidar el juramento hipocrático de los médicos.
El autor es abogado