La justicia atraviesa tiempos difíciles. Parece que a pocos importa lo que se haya consignado en la Constitución y en las leyes acerca del modo “correcto” de hacer las cosas, de alcanzar ese objetivo: la justicia.
Las decisiones “temporales” de los casos penales, tales son, quién es llamado a un proceso y si se amerita o no, restringir su libertad hasta que se resuelva el proceso, no obedecen desde hace mucho, pero ahora con más habitualidad, a las exigencias o requisitos establecidos en la ley, sino, me convenzo cada día más de ello, a la ausencia de independencia decisoria de los funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial.
La independencia, que pasa sencillamente por la absoluta sujeción de las decisiones del fiscal y del juez, a la Constitución y las leyes, deviene inexistente cuando tales servidores públicos no se encuentran en situación de “inamovilidad” en sus cargos, es decir, cuando cada decisión que deben adoptar, sustrae de entre sus ingredientes generadores, siquiera el mínimo temor a ser suspendido, degradado, trasladado o destituido si es que dicha resolución no coincide con el criterio de aquellos que tienen poder sobre su permanencia en el cargo que desempeñan.
Con asiduidad, hoy las decisiones “temporales” de los casos -en algunos años veremos qué fue de las definitivas de condena o absolución- no parecen basadas en lo que consta en los expedientes, sino, peligrosamente para la justicia y la libertad, en lo que “dicta la opinión pública”.
Aquella premisa fundamental de que “toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario en juicio”, deviene ficticia desde que la culpabilidad o la inocencia de un individuo se ventilan frente a las cámaras de televisión entre “los entendidos en la materia” y algún moderador de noticiero y mucho, pero muchísimo antes del juicio.
El fiscal y juez, no son de otro planeta, no viven incomunicados en una isla.
Ellos, sus familiares, amigos y jefes, leen y ven los mismos noticieros que el resto; pero sus decisiones no deberían ser influenciadas por lo que así lean, escuchen o sea instruido, sino por lo que consta en los expedientes.
Pero eso únicamente es posible cuando sean capaces de ignorar los prejuicios, de omitir como premisa de sus decisiones importantes, el modo en que pudiera afectar “el techo”, “la comida” o “la “educación” de sus hijos, en definitiva, qué pasaría si la resolución adoptada, “no gusta”.
La independencia de fiscales y jueces solo se logra eliminando la posibilidad de su “libre nombramiento y remoción”, de lo que lamentablemente solo se encuentran marginados los procuradores y magistrados.
Poner en marcha la carrera judicial y elaborar una ley orgánica del Ministerio Público, que eliminen los nombramientos y destituciones de entre las atribuciones de magistrados y procuradores o los condicione ineludiblemente a auténticos procesos de selección y decisión basados en méritos, son los únicos remedios al problema.
El autor es abogado