Betania, corregimiento de más de 51,000 habitantes, mezcla barrios de clase baja, media y media alta en el corazón urbano de Ciudad de Panamá. A lo largo de sus 8.6 km², conviven residencias, centros educativos, industrias, templos religiosos, parques y comercios. Durante décadas fue un área relativamente tranquila, pero en los últimos años enfrenta un creciente deterioro de la seguridad ciudadana.
El auge de robos a casas, vehículos, colegios, universidades y comercios ha generado temor generalizado. Los delincuentes, que van desde pepenadores hasta grupos organizados, aprovechan veredas, ríos secos y zonas de acceso limitado para cometer sus fechorías. La calle 71B Oeste se ha convertido en un símbolo de esta crisis: los vecinos denuncian presencia constante de sujetos sospechosos, pero las respuestas policiales suelen llegar tarde o nunca.
Aunque se han creado grupos de vecinos vigilantes y se han reforzado las viviendas con cámaras, cercas eléctricas, sensores y cerraduras de alta seguridad, los robos persisten. Muchas casas parecen cárceles y una parte significativa del presupuesto familiar se destina hoy a medidas de protección. El ciclo de hurtos se ha vuelto más frecuente y sofisticado, valiéndose incluso de tecnología para identificar blancos vulnerables.
El sistema penal y las instituciones policiales no logran responder con la celeridad que exige la situación. Las denuncias quedan sin seguimiento por falta de personal, recursos y coordinación. Incluso cuando se identifican a los delincuentes, la impunidad y la lentitud del proceso judicial frustran a los afectados, algunos de los cuales desisten de denunciar por desconfianza.
En 2024, Betania fue el segundo corregimiento con más robos en la provincia de Panamá, según estadísticas oficiales. A pesar de ello, las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes. La comunidad propone avanzar hacia una seguridad más moderna, inspirada en modelos internacionales: sistemas de alerta comunitaria mediante aplicaciones móviles, cámaras conectadas a la policía, drones para patrullajes rápidos y redes vecinales de comunicación efectiva.
Países como España, Chile, Colombia o Estados Unidos han implementado estrategias exitosas: desde patrullajes mixtos policía-municipalidad hasta aplicaciones de alerta ciudadana y botones de pánico. Betania ya cuenta con iniciativas aisladas similares —como grupos de WhatsApp—, pero es urgente integrarlas en una red eficiente, con apoyo estatal y tecnología avanzada.
Una propuesta concreta es el desarrollo del Sistema de Alerta Preventiva (SAP), que permitiría a los residentes alertar a la policía en tiempo real, clasificando el nivel de riesgo. Junto a esto, se sugiere fomentar comités de seguridad por barriada, colocar señalizaciones disuasivas, promover la protección vehicular (GPS, alarmas) y establecer un canal único de emergencia que simplifique el contacto con la policía, eliminando la actual confusión entre el 104, 311 y 911.
El uso de drones —como ya ocurre en países de América y Europa— podría revolucionar la vigilancia urbana. Estos aparatos pueden llegar en minutos a zonas afectadas, transmitir video en tiempo real, seguir sospechosos y registrar evidencia para investigaciones posteriores. Implementarlos requeriría normativas claras, operadores capacitados, integración tecnológica y presupuesto.
El fenómeno no puede analizarse únicamente desde la óptica del crimen: la inseguridad también es reflejo de una crisis social. Tras la pandemia, Betania ha visto aumentar la presencia de migrantes internos, internacionales y personas desplazadas por falta de oportunidades. Algunos sobreviven con ventas ambulantes, mientras otros, por necesidad, cometen hurtos menores. La exclusión social, la pobreza y la desigualdad son caldo de cultivo para este nuevo tipo de delincuencia: de subsistencia y oportunista.
Estigmatizar a estos grupos no resolverá el problema. Se requieren políticas integrales que combinen seguridad y reinserción social. La comunidad apuesta por iniciativas que eduquen, orienten y generen empleo, especialmente para jóvenes en riesgo. Programas de rehabilitación deben ofrecer alternativas reales a quienes han delinquido por hambre o desesperación.
Hoy, Betania se organiza con lo que tiene, pero necesita más. La inseguridad ha empujado a sus residentes a encerrarse tras muros y alarmas. Sin embargo, lo que se necesita es abrir caminos de colaboración entre ciudadanos, autoridades, tecnología y compromiso institucional. El futuro de la seguridad en Betania —y en Panamá— depende de dejar atrás la resignación y adoptar una estrategia común que combine vigilancia, prevención, justicia eficiente y políticas sociales sostenibles.
El mensaje final es claro: basta de vivir con miedo. Proteger el barrio es proteger la vida. Y la vida no se negocia.
El autor es ciudadano.
