“...las leyes que siguieron el modelo de West Virginia transformaron finalmente la práctica de la medicina en todo Estados Unidos, pasando de ser una ocupación no regulada a una profesión sancionada por el gobierno. Dicha transformación racionalizó un mercado médico previamente caótico y sentó las bases científicas rigurosas para la práctica médica estadounidense”.

En los años 1880s, el estado de West Virginia se convertía en el primero en producir e implementar eficazmente una restrictiva ley para licenciar la práctica médica.

Con el aval de la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, las políticas relacionadas con la medicina y la higiene pública se reservaban al criterio de los estados. Todavía hoy, las licencias para ejercer en un estado se conceden para ese estado y no son las mismas en otro, excepto mediante convenios especiales. No hay una reglamentación nacional.

Hasta las primeras dos terceras partes del siglo XIX, nos recuerda James C. Mohr, las disposiciones higiénicas eran dictadas por autoridades civiles con respecto a establecer períodos de cuarentena, relocalizar negocios si se consideraban un riesgo higiénico, nombrar médicos para el cuidado de indigentes, proveer el material para vacunar contra la viruela, mantener asilos para los enfermos mentales e imponer regulaciones para el manejo de los cadáveres.

Los dos George, el Dr. George Garrison y el Dr. George Baird, “se encontraron en la concurrida intersección en el centro de Wheeling, en West Virginia, el sábado 7 de marzo de 1891”, nos cuenta Mohr. Eran los dos mejores médicos de la ciudad: Garrison, de 39 años de edad, y Baird, de 62 años. Baird se constituyó en mentor de Garrison; era la forma, entonces, como se tutelaba al aprendiz médico joven. Incluso pagó a Garrison la escuela de medicina en el Jefferson Medical College para que obtuviera su grado formal de Doctor en Medicina. Las diferencias sobre cómo licenciar en medicina a los candidatos los llevaron a serias desavenencias, que terminaron con el asesinato de George Baird a manos de George Garrison. Esto puntualiza lo difícil que es ponerse de acuerdo, entre médicos, sobre la formación del médico, el internado o internados en medicina, la licencia para ejercer la medicina y otros asuntos relacionados con la práctica médica.

Hoy, por enésima vez, se discute cuánto debe durar el internado en Panamá. La discusión reaparece en el momento en que los médicos recién graduados denuncian que no tienen plazas de internados obligatorios, que las autoridades de salud rigen desde hace muchos años. Pareciera ser que, si se elimina un año de internado —en Panamá son dos años para poder optar por la licencia para ejercer la medicina en todo el territorio nacional—, se ahorran salarios, se ahorran denuncias, se ahorran otro Dr. George Garrison.

No es la primera vez que yo emito mi opinión sobre el internado en la formación médica. En Panamá, el segundo año de internado siempre se vendió como un año de servicio social o rural, porque siempre han hecho falta médicos en esas regiones, no solo pobres, sino algunas muy alejadas geográficamente de la atención. Todavía hacen falta y, con la anulación del internado rural como propuesta, la situación de esas comunidades empeorará. Cada país tiene sus necesidades y sus recursos; los gobernantes, sus prioridades electorales, que cobran y pagan con su arquitectura presupuestaria maleable y generadora de más corrupción.

Los internados son años de formación clínica supervisada antes de independizar la función médica de la escuela de medicina y del profesor docente. Por ello, deben ser parte del pensum de estudios y llamarse internados de pregrado. Los internados son una forma de puente entre la teoría y la práctica, que abonan la experiencia y los conocimientos de docentes superiores y prácticas especializadas. Pero cuando los médicos por graduarse o “graduados” provienen de diversas escuelas de medicina, sus conocimientos y habilidades no son uniformes, y la endogamia universitaria e intelectual los devora para empeorarlos. No son uniformes porque ni la formación médica básica ni los hospitales docentes o universitarios que los acogen se rigen todos por programas probados e idóneos, homogéneos, universales y responsables. Por ello, una razón más para considerar ese año de internado como uno de formación de habilidades y conocimientos especializados: cómo recetar, cómo manejar una urgencia diagnóstica o terapéutica, cómo hospitalizar, cómo hacer un procedimiento frecuente.

Entonces, antes de buscar medidas para quitarse de encima un año de internado y los salarios a internos por otro año, el rector de la salud de Panamá debe establecer formas concretas de calificar sus facilidades docentes, donde practicarán, bajo estrecha supervisión, los internos y donde se atienden seres humanos enfermos. ¿Son las estructuras facilidades probadas para el aprendizaje o solo para alojar mano de obra barata? ¿Los recursos necesarios para entrenar médicos los tienen disponibles todo el año o la formación se interrumpe indeterminadamente porque no hay un insumo, una respuesta pronta de mantenimiento de equipos o faltan repuestos para instrumentos comprados del otro lado del Atlántico? Y, no menos importante, si no hay médicos con capacidad y habilidad docente, no hay docencia. En otras palabras, el problema del internado no es “de cuántos años”, sino de qué calidad.

¿Cuándo nos atreveremos a ir al comienzo de la formación médica, a esa entrevista personal e individual con cada uno de los que aplican para la carrera por un doctorado, cuando todavía tienen 17 o 18 años de edad, para evitar “un mercado médico caótico” y una población insatisfecha, enferma y agresiva?

No podemos ignorar que son muy pocas las relaciones con mayor intimidad y confianza que las que se establecen entre los pacientes y sus médicos. Honremos esa relación a cualquier costo.

El autor es neonatólogo y pediatra.