Hay una realidad que debe ser superada en las universidades y en el país. Existe una débil política pública en inversión para investigación y desarrollo. Los planes estratégicos nacionales de cada cinco años así lo confirman. Es un padecimiento que alcanza a las cinco universidades oficiales y, en las privadas, las dolencias son aún mayores. De hecho, en las entidades privadas de educación superior no hay inversión en este importante rubro que toca las fronteras del desarrollo.
Y, ¿cuál es el problema que se nos presenta ante esa realidad? Desde luego, la escasez de las finanzas para la investigación, primeramente, obstaculiza la producción de nuevos conocimientos y la gestión de patentes, como se da en otras latitudes donde las universidades actúan como promotoras del desarrollo. El punto es el siguiente: en la tarea de sacar a la luz nuevos inventos, útiles socialmente, se está apostando al desarrollo y a la innovación. En Panamá, esto ha caminado poco. La falta de los recursos financieros, situación que debe cambiar si es que pretendemos aproximarnos a los niveles de primer mundo, es corregible con una política pública que valore la elevada importancia que tiene la ciencia y la tecnología para la cultura educativa del país. Del presupuesto de la UP, solo el 4% del total se dirige a la investigación, con la salvedad de que parte de ese porcentaje se usa en el manejo administrativo. Así, los proyectos de investigación que presentan los profesores-investigadores reciben, en contados casos, aportes ínfimos para su realización.
Habría que hacer la salvedad de que en la UP contamos con el recurso humano, con un sector docente e investigadores calificados. Se cuenta, también, con una estructura promotora, como lo es la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, 13 institutos con funciones de investigación, y centros de investigación en las facultades. Pero faltan las finanzas.
La UP tiene definido, a través de su ley orgánica, que la investigación es el “fundamento de la educación y, como tal, constituye su objetivo y función esencial, para lo que se obliga a fomentar su desarrollo... y dotarla de organización y facilidades”. Es una atinada visión, sobre todo, por el contexto que estamos viviendo, en un mundo renovado en el que la “economía del conocimiento” incide en la estrategia para el desarrollo.
Entonces, para que la economía panameña expanda sus logros debe fundar su estrategia en un mayor acercamiento a la ciencia y la tecnología; invertir en este campo tan esencial en el mundo de hoy. A las universidades, en particular a la UP, les corresponde acrecentar su desempeño en la generación de conocimientos y definir políticas para su expansión a escala nacional. Eso es clave para el desarrollo nacional sostenible y, en ello, es necesaria una política pública que responda a las exigencia financieras para el buen resultado de la investigación científica en Panamá.
