Trabajar toda una vida debería conducir al descanso, al reconocimiento y al agradecimiento de quien cumplió con su parte. Sin embargo, en Panamá, la jubilación no siempre se espera con alivio, sino con temor. No es miedo a dejar de trabajar; es miedo a dejar de contar, a que el sistema, de manera fría y administrativa, decida que ya no eres útil.
Durante décadas se madruga, se cumple y se resiste. Se aceptan sacrificios familiares y desgaste físico y emocional bajo la promesa implícita de que al final habría tranquilidad. Pero cuando llega ese momento, muchos descubren que el retiro no fue preparado ni acompañado, ni concebido como una etapa digna de la vida. Para muchos, se convierte en un corte abrupto que quiebra rutinas, propósito y sentido de pertenencia.
La jubilación forzada es una forma silenciosa de exclusión. No siempre se presenta como un despido, sino como una fecha impuesta sin evaluar capacidades reales, experiencia acumulada ni voluntad de seguir aportando. El mensaje es claro: ya cumpliste tu tiempo. El problema es que el reloj del sistema no siempre coincide con el reloj humano.
La contradicción se vuelve evidente cuando estas decisiones son tomadas por administradores en edades incluso más avanzadas que quienes ordenan retirar. Autoridades que apartan a trabajadores capaces, con trayectoria y saber probado, permanecen en sus cargos pese a rezagos evidentes, falta de actualización y desconocimiento de procesos. Sin embargo, no son evaluados con el mismo rigor que quienes se jubilan. ¿No piensan hacia dónde va el país o hacia dónde deberían conducir a quienes administran? ¿O será que han acumulado lo suficiente y solo protegen su posición?
Mientras tanto, se separa a personas con talento y disposición bajo el argumento de que “ya no cumplen condiciones”, o por temor a sentir que sus conocimientos superan a los de quienes deciden. Esta incoherencia erosiona la confianza, desmotiva a generaciones y empobrece la gestión institucional. El desconocimiento de los procesos y del manejo adecuado de los equipos agrava aún más la situación.
Existen ejemplos que demuestran que otra forma es posible. Algunas instituciones públicas y privadas han entendido que una persona jubilada sigue dando frutos. Valoran su experiencia, respetan el saber acumulado y mantienen vínculos de confianza y transparencia, honrando la responsabilidad depositada durante años. Estos casos confirman que la edad no invalida la capacidad ni el aporte.
El desconocimiento no exime de responsabilidad. Los errores por falta de saber no pueden justificarse por imposición o ignorancia, y evidencian que quien administra personas y recursos no puede asumir un cargo a improvisar. Administrar exige formación, actualización permanente y criterio.
La integración de juventud y experiencia es clave. Los jóvenes deben ocupar sus espacios y asumir responsabilidades, pero acompañados de quienes pueden guiar su desarrollo, transmitir aprendizajes y evitar errores que afectan procesos, equipos y resultados. La jubilación no debería significar exclusión total, sino una transición donde la experiencia fortalezca a quienes ingresan sin trayectoria.
El daño no se limita a quien es retirado. Quienes observan cómo se aparta a personas capaces aprenden que el mérito no garantiza respeto. Se instala el miedo, la desmotivación y un clima que deteriora el ambiente laboral y la salud mental.
Panamá envejece sin políticas integrales para envejecer con dignidad. Se habla de pensiones, pero poco de preparación emocional, acompañamiento psicológico o alternativas productivas. Cuando llega la jubilación, muchos adultos mayores enfrentan un sistema de salud que no los respalda: medicamentos y consultas resultan económicamente inalcanzables, dificultando el acceso oportuno y el bienestar.
Es necesario reconocer que, así como se jubila a personas plenamente capaces, también existen casos en los que ya no es posible continuar por razones de salud. Para esas situaciones debe garantizarse un retiro decoroso, que proteja la estabilidad económica y emocional y mantenga respetada la dignidad de la persona.
Mandar al retiro a quienes aún pueden aportar no es solo una injusticia personal; es una pérdida que el país paga silenciosamente. Por décadas, la inestabilidad del jubilado o adulto mayor ha sido ignorada; han sido contadas las instituciones que han considerado una jubilación verdaderamente digna. Incluso algunas que lo lograron cerraron luego esas puertas sin contemplaciones, apagando la esperanza de quienes merecen un mejor retiro. Cada persona apartada sin ser escuchada representa un saber que se pierde. Panamá no puede darse el lujo de desechar memoria, criterio y aprendizaje acumulado; al hacerlo, no solo olvida su historia, sino que compromete su capacidad de progreso.
La autora es educadora.
