El problema de seguridad en México no se resuelve con la legalización de la marihuana, sino con reformas institucionales e implantación estricta del estado de derecho.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de México, que permite que cuatro personas puedan fumar marihuana en su casa, ha causado enorme júbilo entre los promotores de la legalización de la hierba. El fallo dicta que prohibir el consumo de la marihuana es inconstitucional y afecta derechos fundamentales de las personas.
Paradójicamente, los cuatro agraciados podrían cultivar y consumir la droga con fines recreacionales si de manera ilegal obtienen la semilla de la planta y siempre que cuenten con el consentimiento de los adultos presentes y donde no haya menores de edad.
Los promotores de la legalización han anunciado que impulsarán más casos legales individuales hasta sentar la jurisprudencia que eventualmente conduzca a la despenalización del consumo y obligue a las autoridades a legislar sobre el tema.
Desafortunadamente, este tipo de maniobras legales ignora deliberadamente a la ciudadanía en un asunto de política pública y, en este sentido, es profundamente antidemocrática.
A diferencia de Estados Unidos, donde el debate sobre la legalización de las drogas ha partido de una consulta ciudadana, en México no ha habido ni debates ni voto de la ciudadanía. La razón de la exclusión es más que obvia, el 80% de la población no está de acuerdo con la legalización de ninguna droga.
En toda América Latina no hay un solo país donde la gente apruebe la legalización de las drogas. En Uruguay, donde el expresidente José Mujica decidió la legalización por todo el país, casi 7 de cada 10 uruguayos está y estaba en contra de la legalización.
Tampoco comparto el argumento de que con la legalización de la marihuana se le dé un fuerte golpe a las finanzas de los carteles de las drogas. Evidentemente, tendría algún efecto, pero no mayor, pues la marihuana representa solo una mínima parte del ingreso de los carteles. Los efectos financieros se sentirían quizás si se legalizaran la cocaína, la heroína y las metanfetaminas que son las que mayores ingresos generan. Pero aún en este caso resulta ingenuo pensar que los grupos criminales se quedarían cruzados de brazos y abandonarían su carrera criminal en vez de incrementar sus ingresos con la extorsión, el secuestro, el robo y otros delitos.
Otro argumento de los celebrantes es que la legalización reduciría la violencia. Expertos en el tema, como Alejandro Hope, sostienen que “el consumo no genera violencia”, y la violencia que surge de la guerra entre los carteles probablemente se reduciría un poco en los estados donde se concentra el cultivo de la hierba, y mucho menos en el resto del país.
Quienes abogan por la legalización de la marihuana plantean una falsa disyuntiva al proponer cambiar el modelo punitivo por uno de prevención. Aunque se legalice la marihuana, la lucha armada contra los traficantes de las otras drogas tendrá que continuar.
Otra complicación que enfrenta el proyecto de legalización en México es el de su implementación. En Estados Unidos, donde 23 estados han aprobado algún tipo de legalización, porque así lo ha exigido el voto mayoritario de los ciudadanos, en muchos de ellos ha habido serios problemas de implementación del mandato popular. En Montana, por ejemplo, donde los votantes aprobaron la legalización de la marihuana con fines medicinales hace 19 años, hoy la legislatura local sigue batallando con las reglas que deben regir su comercialización. Otro tanto ha sucedido en California y en Michigan. En el estado de Washington la regulación inicial tuvo tantos errores que posibilitaba a los niños a comprar marihuana con fines medicinales.
¿Puede un país como México, donde el estado de derecho se aplica de forma intermitente y las instituciones gubernamentales son débiles, elaborar sistemas de regulación de cultivos, distribución, comercialización, transportación, venta y consumo de la marihuana?
El problema de seguridad en México no se resuelve con la legalización de la droga, sino con la reforma integral de sus instituciones policíacas, judiciales y carcelarias, y con una implantación estricta del estado de derecho que elimine la impunidad.