La falla Azuero-Soná liberó la energía que acumuló durante más de un siglo el 9 de octubre, a las 12:56 p.m. No sonó ninguna alerta. El terremoto de magnitud 7.5 llegó sin un segundo de aviso. Según el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), dejó más de 13,000 personas afectadas y 2,716 familias sin casa. La red que sí llegó a tiempo fue la de los vecinos.

Ese contraste retrata al país. Panamá tiene ciudadanos que saben responder y un sistema que todavía no sabe avisar.

El primer vacío es técnico. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá tarda entre 10 y 20 segundos en localizar un sismo. Una alerta temprana exige hacerlo en entre tres y cinco segundos. Su director, Néstor Luque, calcula que harían falta unos 700 instrumentos en todo el territorio. La meta inmediata del Instituto es superar los 50. Su presupuesto de inversión ronda los 150,000 dólares. Hay equipos ya comprados pendientes de casetas donde instalarse.

La aplicación de alertas de Costa Rica tampoco cubrió el evento. Sus estaciones no llegan más allá de la isla de Coiba. México empezó a construir su sistema después del terremoto de 1985. Hoy ofrece hasta 60 segundos de aviso a su capital. Cerca del epicentro, ninguna tecnología habría dado mucho margen. Pero Chitré y Las Tablas están a unos 55 kilómetros. Allí, unos segundos bastan para sacar a los estudiantes de un aula o para cubrirse bajo una mesa firme.

El segundo vacío es el de la información. Los mismos sensores que permiten avisar sirven para medir dónde golpeó más fuerte la sacudida. Sin ese mapa, la respuesta llega primero donde hay carretera. La agencia EFE constató que, en las primeras 48 horas, las autoridades revisaron los pueblos más cercanos y mejor conectados, mientras los poblados próximos al epicentro todavía esperaban. Una semana después, unas 3,700 personas siguen en albergues y otras acampan en parques, bajo lluvias nocturnas.

Donde la respuesta oficial tardó, la gente llegó primero. En Los Pozos, más de 90 jóvenes ponen sus carros y pagan la gasolina de su bolsillo para llevar alimentos a las comunidades golpeadas. Una familia azuerense tomó el dinero que tenía ahorrado y lo convirtió en 53 camas. En Cañas, un pueblo incomunicado recibió a los habitantes de la isla vecina, inundada tras el sismo. Quien conservó el techo comparte con quien lo perdió todo. A menudo entrega lo que tampoco le sobra.

Esa solidaridad retrata a Azuero, pero no puede ser el plan. Depende de que los voluntarios puedan seguir pagando la gasolina y tengan fuerzas para otra semana de trabajo. Y la falla sigue activa: el Instituto contabiliza más de 740 réplicas y prevé que la actividad se extienda uno o dos meses más.

El dinero para empezar ya está en discusión. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea pidió al Ministerio de Economía y Finanzas sumar al presupuesto de 2027 una partida de 1.2 millones de dólares de inversión para el Instituto de Geociencias y otra, de 4 millones, para el Sinaproc. El Ministerio debe incluirlas al reformular el proyecto, y el pleno de la Asamblea, aprobarlas completas. Cada votante debe darse a la tarea de preguntarle esta semana a su diputado si así lo hará.

Azuero intenta levantarse por sí misma. Ahora le toca al Estado aprender a avisarle. Luque espera tener un sistema de alerta en las próximas semanas. El Instituto debe publicar ese cronograma, y el Sinaproc y el Ministerio de Educación, ensayarlo en cada escuela antes de diciembre. El 9 de octubre colapsaron 35 escuelas, y docentes y padres contaron a EFE que muchos estudiantes ya habían salido. Ese día no sonó la alerta. Sonó antes, por suerte, el timbre de salida.

El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.