No se necesita ser un genio para entender que el cierre abrupto de Minera Panamá iba a tener repercusiones importantes para la República de Panamá en muchos frentes, desde las demandas legales de todos los afectados (mina, proveedores, fondos de inversión, empresas mixtas), hasta la rebaja de calificación de la deuda del país por parte de Fitch, la pérdida de más de 7,000 empleos directos y 40,000 indirectos, la imagen negativa del país ante inversionistas extranjeros, y el costo ambiental del abandono de la mina.
Lo que ha ocurrido con Minera Panamá a la luz de los acuerdos internacionales de la República de Panamá con Canadá y acuerdos de arbitraje internacionales suscritos por el país puede fácilmente catalogarse dentro de las definiciones de expropiación de estos acuerdos y tratados. El meollo del asunto es que este asunto no se dirime en tribunales panameños sino en cortes internacionales. Expropiación es una palabra muy fuerte.
Las demandas legales incluyen lo siguiente:
Quantum Mineral por $20,000 millones ante la Corte Internacional de Arbitraje.
Quantum Mineral por $30,000 millones ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Fondo de Inversión canadiense Franco Nevada por $5,000 millones ante el CIADI.
KOMIR, Korea Mine Rehabilitación and Mineral Resources Corporation por $750 millones ante la Corte Internacional de Arbitraje (CIA).
Los proveedores de Minera Panamá que buscan compensación por $1,000 millones ante la CIA.
Otras empresas con contratos de exploración y explotación por $900 millones ante la CIA.
En total, las demandas suman $27,650 millones, excluyendo la demanda ante la CIADI por $30,000 millones. Este monto representa el 34% del PIB y el 55% del monto de deuda en los mercados internacionales.
Adicionalmente, hay unos costos ocultos en estas demandas que son los intereses o lucro cesante de los afectados. A una tasa conservadora del 8%, esto significa que acumulamos $6 millones de lucro cesante por día. Al final de un año serían $2.2 mil millones adicionales en reclamos. Ya hay precedente en esto ya que Argentina, con la expropiación de YPF del 2013, tuvo que pagar un monto casi igual de interés y capital a los inversionistas de la Bolsa de Nueva York. Es decir, los accionistas registrados en la Bolsa de Nueva York recibieron $8 mil millones del valor original de su inversión más $7 mil millones de intereses perdidos o lucro cesante por los 10 años que duró el pleito y la sentencia de la corte de Nueva York en el 2023.
¿Por qué tenemos que exponer al país al riesgo de perder unos arbitrajes millonarios y afectar la calidad de vida de los panameños por muchos años futuros?
Todo esto suena catastrófico e inconcebible. ¿De dónde obtiene los recursos un país pequeño como Panamá si perdemos los arbitrajes? ¿Qué hacemos?
Existe una gran oportunidad de renegociar los acuerdos con First Quantum y lograr condiciones más favorables para el país en el entorno actual, tanto financieras, ambientales como sociales. Me explico:
Ingresos y regalías mayores para el país. El precio del cobre el 2 de enero del 2024 era de $3.8805 por libra y al 3 de junio había subido un 20% a $4.6425. Se prevé que la demanda de cobre siga aumentando a un ritmo de 5% anualizado por los próximos años. Esto se debe en gran parte a la conversión del mundo a carros eléctricos que necesitan cobre y que contaminan mucho menos. El país va a recibir muchos más recursos de regalías sin duda.
Fondo de recuperación ambiental. Parte de los recursos nuevos por el aumento del precio del cobre se pueden dirigir a proyectos de mitigación en la zona minera. El país puede destinar $25 a $50 millones anuales para este fondo donde pueden participar tanto el gobierno como entes privados de conservación.
Fondo de estabilidad social. De igual forma, necesitamos recursos para atender a las comunidades indígenas y vecinos para mejorar la calidad de vida por cualquier daño ambiental en su entorno. Este fondo también se alimentaría de los excedentes de los beneficios de Minera Panamá por la subida del precio del cobre.
Entiendo que gran parte del pueblo panameño se manifestó en contra de la minería, y esto no se puede negar. Pero también entiendo que mucho de lo que pasó fue producto de la ignorancia de los actores políticos y la falta de liderazgo y conocimiento de la sociedad panameña en un tema muy complejo. Y también hay que reconocer que las manifestaciones y cierres de calles fueron provocados por un gremio/partido político que sacó solo el 1.2% de los votos en mayo del 2024.
El autor es financista.
