El equilibrio entre el progreso y la libertad nunca ha sido una tarea fácil en este país. Tenemos una historia arraigada en una balanza que no siempre se mantiene estable; un trauma colectivo que nos hace preguntarnos, ante cada nuevo proyecto del Estado: ¿se está haciendo correctamente?
El Canal de Panamá, uno de los activos más importantes del país —tanto en lo económico como en lo histórico—, ha enfrentado recientemente dificultades por los bajos niveles de agua. Ante esta situación, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha decidido construir un embalse que garantice la disponibilidad del recurso hídrico, tanto para el funcionamiento del Canal como para el consumo humano.
No cabe duda de que con ello se busca asegurar la continuidad de una operación vital para el país y, al mismo tiempo, proveer agua potable a una gran población.
Hasta aquí, todo parece correcto. Pero ¿y las personas? ¿Y las historias? ¿Y las vidas que allí existen y deberán ser reubicadas?
La ACP ha prometido un plan de reubicación de primer mundo, como se lo merece este país. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que los programas del Estado deben observarse muy de cerca, sin importar cuán nobles parezcan. Nuestro rol como ciudadanos no es solo proteger los grandes proyectos, sino también a quienes resultan directamente afectados. En este caso, los desplazados no son una simple estadística, sino familias que el país tiene el deber de cuidar y acompañar.
Muchas de estas familias ya cuentan con dinámicas económicas, títulos de propiedad y derechos posesorios, entre otros. Y es precisamente ese derecho de propiedad y esa libertad de decidir lo que debe ponerse en la balanza. La Ley Orgánica del Canal otorga a la ACP facultades para adquirir o expropiar terrenos cuando sea necesario, pero también la obliga a garantizar una compensación justa, pronta y transparente. Ese es el verdadero punto de equilibrio entre el interés nacional y el respeto individual: que la balanza no se incline siempre del mismo lado.
El progreso no debería imponerse como una orden, sino construirse con la gente, escuchando y respetando. Ningún decreto puede reemplazar la voluntad de quienes viven y trabajan en esas tierras. Cuando el Estado empieza a creer que todo le pertenece —el agua, la tierra, las decisiones—, deja de cumplir su verdadero rol: el de proteger derechos, no apropiarse de ellos.
El futuro del Río Indio no puede decidirse solo desde una oficina ni medirse en planos o informes técnicos. También debe medirse en confianza, en participación y en respeto. Porque un país no avanza callando a su gente, sino dándole voz. Y si de verdad queremos progreso, este debe incluir a todos, no pasarles por encima.
Con lo anterior dicho, y desde mi perspectiva, es momento de que el Canal de Panamá —como siempre, pero aún más ante esta situación— demuestre que tiene la capacidad de crear un precedente histórico: un plan de reubicación de excelencia, donde todos los afectados sean escuchados, protegidos y acompañados.
Que cada panameño pueda sentirse orgulloso de saber que todavía existen instituciones y empresas del Estado en las que se puede confiar.
Mi crítica no busca detener el progreso; mi crítica es simple y necesaria: progreso con todos, para todos y respetando nuestras libertades.
El autor es abogado y amigo de la Fundación Libertad.
