La Ciudad de Panamá enfrenta una crisis que no podemos seguir ignorando. Cada día generamos entre 2,500 y 3,000 toneladas de residuos que terminan contaminando nuestros ríos, mares y comunidades. La morosidad en la tasa de aseo supera los 116 millones de dólares, lo que evidencia que el modelo actual de gestión es un fracaso y ha colapsado. La Ciudad de Panamá no cuenta con una verdadera gestión de residuos, y ni el Municipio de San Miguelito ni la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario cumplen con su obligación. Tampoco lo harán en el futuro, por una razón muy simple: se insiste en replicar un modelo fracasado. Sin embargo, dentro de esta crisis se encuentra la oportunidad más prometedora para transformar radicalmente la manera de manejar nuestros residuos.
El problema que nos asfixia es una realidad con cifras devastadoras. Este artículo no pretende repetirlas ni señalar a los responsables: la comunidad ya conoce esos datos. Queremos presentar una alternativa que lo cambiaría todo, una salida a esta grave situación que el gobierno y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario parecen no comprender.
Nuestra propuesta es un modelo innovador y transformador que se aplicaría en los distritos de Panamá y San Miguelito, y que se basa en dos hechos significativos:
Los ciudadanos ya no pagarían la tasa de aseo.
El gobierno no invertiría dinero para establecer el modelo; su participación consistiría en aprobar la legislación correspondiente, aportar bienes y facilitar las condiciones necesarias para su implementación.
¿Cómo es posible? Con voluntad presidencial. La voluntad de ordenar la transformación de cada tonelada de “basura” en una fuente de valor real y medible:
a) Valorización energética: Los residuos orgánicos (55% del total) se convertirían en biogás y electricidad, generando ingresos por energía renovable y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.
b) Comercialización de reciclables: El 25% de los residuos son materiales recuperables —plástico, papel, cartón, metales— con valor comercial inmediato. Una tonelada de aluminio puede generar hasta 1,200 dólares en el mercado.
c) Producción de compost: Los residuos orgánicos se transformarían en fertilizante orgánico de alta calidad, creando un mercado agrícola sostenible y reduciendo la importación de fertilizantes químicos.
d) Servicios especializados: Gestión de residuos electrónicos, certificaciones ambientales y créditos de carbono completarían el portafolio de ingresos.
La implementación de este modelo podría tomar entre 3 y 4 años. Mientras se construye, existen medidas que pueden amortiguar el grave impacto de la ausencia de gestión de residuos.
Los beneficios serían inmediatos: para una ciudad como Panamá, el modelo podría generar más de 65 millones de dólares anuales en ingresos operativos, suficientes para:
Eliminar completamente la tasa de aseo, ahorrando a cada familia entre 58 y 306 dólares al año.
Crear miles de empleos en el sector de tecnología ambiental.
Liberar el presupuesto nacional del gasto en limpieza pública.
Posicionar a Panamá como líder regional en economía circular.
La transición hacia un modelo en el que los residuos sean recursos es posible aquí y ahora. No se trata de algo nuevo: países como Brasil, Colombia y Dinamarca ya lo han implementado con éxito. La inversión inicial, entre 180 y 250 millones de dólares, la asumiría la empresa adjudicataria de la concesión y el contrato a 20 años, recuperándola en 5 a 7 años y generando flujos de caja estables durante décadas. Esto transformaría a la Ciudad de Panamá en un ejemplo mundial de sostenibilidad urbana.
La decisión está en manos del presidente. No se trata de un problema técnico, sino de una oportunidad histórica. Podemos seguir gastando millones en un sistema que ha demostrado no funcionar, o invertir en una solución que beneficie a todos y pueda replicarse en todo el país.
La “basura” no puede seguir viéndose como un problema más, sino como la materia prima de la nueva economía. El presidente tendrá el respaldo ciudadano para liderar esta transformación, porque los panameños necesitamos construir ya un futuro en el que nuestros residuos generen prosperidad en lugar de problemas. Es hora de convertir a Panamá en el primer país de la región con una gestión de residuos completamente autofinanciada. El momento es ahora.
Los detalles de esta transformación requieren la participación de la empresa privada, nacional e internacional, que cuenta con las tecnologías necesarias, probadas en otras partes del mundo. Asegurar la recuperación de la inversión es el requisito clave, y el gobierno puede lograrlo mediante una legislación social prioritaria.
Señor presidente: otorgue a la Ciudad de Panamá la primera concesión urbana obligada a generar energía, compost y materiales reciclados en proporción verificable. Si el contrato que propone la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario se limita a recoger y enterrar, ganaremos más basura y más deuda. Si apostamos por la valorización, ganarán el fisco, el ambiente y cada familia capitalina.
El autor es ingeniero.
