La reciente revelación de la Operación Pandora, ejecutada por el Ministerio Público, ha sacudido al país. No solo por la magnitud del daño patrimonial identificado en la Dirección General de Ingresos (DGI), sino porque expone un patrón que quienes hemos tramitado gestiones en la institución venimos observando desde hace años: más controles, menos transparencia, más burocracia. El resultado es predecible: se crean espacios fértiles para la corrupción.
El nombre de la operación no es casual. En la mitología griega, Pandora fue la primera mujer creada por los dioses. Le entregaron una caja que no debía abrir. Movida por la curiosidad, la abrió y liberó todos los males del mundo: la enfermedad, la miseria, la injusticia, la corrupción. Solo quedó dentro un último elemento: la esperanza. La metáfora es evidente. Una vez abierta la “caja”, los males que estaban ocultos se manifiestan sin contención.
Eso es, precisamente, lo que ha ocurrido.
Una institución hermética que abandonó la transparencia
Quienes hemos gestionado trámites ante la DGI bajo la administración actual —abogados, contadores, representantes legales— sabemos que la institución se ha vuelto hermética, lenta y profundamente burocrática. Lo que antes eran procedimientos ágiles y tecnológicos hoy depende de la discrecionalidad de un funcionario y de tiempos que no guardan relación con la realidad digital del siglo XXI.
Trámites que deberían resolverse en tiempo real, como la obtención de un NIT, un código de acceso o un paz y salvo, se han convertido en procesos que pueden tardar semanas o incluso meses. El usuario envía un correo solicitando autorización y queda a la espera de una respuesta que rara vez llega en un plazo razonable. Si el funcionario considera que la solicitud tiene un defecto, el trámite se “subsanará”, alargando aún más la espera y generando costos innecesarios.
La situación es tan absurda que, pese a que la propia ley faculta al funcionario a verificar directamente la información pública del Registro Público, hoy se exige al ciudadano aportar certificados que cuestan dinero y tiempo, sin justificación técnica ni legal.
El problema se agrava en casos sensibles, como el de un familiar fallecido. Si los herederos necesitan un paz y salvo para una finca o una sociedad, el trámite queda nuevamente en manos de la discrecionalidad de un funcionario que decide cuándo, cómo y si procede. No existe trazabilidad, no existe transparencia, no existe control ciudadano.
La administración actual, bajo el argumento de reforzar los controles, ha desmantelado los mecanismos de transparencia, ha retrocedido en el uso de la tecnología y ha devuelto al funcionario una discrecionalidad que la modernización institucional había logrado reducir. Ese retroceso es el caldo de cultivo perfecto para lo que hoy conocemos como Operación Pandora.
El país debe comprender una verdad incómoda: el exceso de controles sin transparencia no combate la corrupción; la facilita. Cuando los procesos dejan de ser automáticos, auditables y tecnológicos y pasan a depender de la voluntad de un funcionario, se abre la caja de Pandora.
La lesión patrimonial revelada por el Ministerio Público no es un accidente. Es la consecuencia lógica de un sistema que sustituyó la eficiencia por la burocracia, la tecnología por el papel, la transparencia por la discrecionalidad.
La caja ya está abierta. Lo que corresponde ahora es reconstruir los mecanismos que impidan que estos males sigan saliendo.
El autor es abogado.
