Al decidir la Asamblea modificar el proyecto original enviado por el gobierno para reemplazar la Ley 51 orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), en el sentido de no aumentar la edad de jubilación y, en su lugar, casi duplicar los aportes del Estado para la sostenibilidad del sistema de pensiones, me sorprendió la pasividad, ecuanimidad y hasta alegría con que finalmente el propio director del Seguro, Dino Mon, aceptó la decisión. Esto, a pesar de haber sido uno de los principales proponentes del aumento de la edad de jubilación como alternativa inevitable para salvar la CSS. Parecía conforme con que la Asamblea optara por “volver a patear la pelota”, dejando al próximo gobierno la responsabilidad de lidiar con el problema, en lugar de resolverlo de una vez por todas, como parecía ser la intención original del Ejecutivo.
Vine a comprender la razón de su efusivo entusiasmo cuando, en el Knockout de La Prensa del domingo 16 de marzo, le preguntaron: “Sin el aumento de la edad de jubilación, ¿de dónde saldrá el dinero del Estado, partiendo de la premisa de que no hay ingresos suficientes?” A lo que Mon respondió: “De la mina.”
Como reafirmación de este desafortunado aviso, podemos citar las recientes declaraciones del presidente Mulino, quien en su ya acostumbrado y arrogante estilo de los jueves, dijo en su última conferencia de prensa: “¿Con qué criterio puedo yo, como presidente, decirle al país adiós a la mina? ¿Porque cinco gatos que no pagan una planilla no quieren mina?”
Estas palabras ofensivas, dirigidas al pueblo panameño, contradicen abiertamente lo que el propio presidente dijo en su discurso inaugural del 1 de julio de 2024, cuando afirmó sobre el tema minero: “Hay que respetar las leyes, el fallo de la Corte Suprema de Justicia y el pedido de nuestro pueblo…” Ese mismo pueblo opositor a la mina, al que hace apenas unos meses Mulino hacía referencia, resulta que ahora son los cinco gatos a los que, según él, no hay que pararle bola.
Es evidente que el aumento del subsidio estatal, incluido por la Asamblea en la Ley 462, sancionada por el presidente el 18 de marzo pasado, servirá ahora como excusa perfecta para justificar la inminente necesidad de reabrir la mina. De esta forma, el gobierno podrá argumentar que necesita los ingresos mineros para cubrir la extraordinaria obligación económica que impone la nueva Ley de la CSS en materia de pensiones.
Además, resulta lógico pensar que en ningún momento el presidente y su gobierno consideraron seriamente descartar la minería como fuente de ingresos estatales. Necesitan la reapertura de la mina tanto como en un principio necesitaban aumentar la edad de jubilación. Esto, pese a que el 28 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre First Quantum Minerals y el Estado panameño por violar 25 artículos de la Constitución. El fallo se dio en medio de las mayores protestas públicas en décadas, lideradas por ambientalistas y jóvenes que denunciaban que el contrato era lesivo para el país y que la actividad minera causaba graves daños ambientales, algo que First Quantum siempre ha negado.
Es necesario recordar que la Ley 407 establece una moratoria minera en el país, lo que impide legalmente al gobierno otorgar nuevas concesiones para la explotación de minería metálica.
Si este es el panorama minero en el país, me pregunto: ¿En qué se diferencia el actuar del gobierno de Mulino de la “mafia del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares”, calificada así por el propio presidente, al pretender hacer lo que le venga en gana?
El autor es escritor y pintor.
