Hay ironías trágicas que definen la historia institucional de un país y la gestión de quienes dirigen la administración pública. A tal realidad no ha escapado el Ministerio de Ambiente, donde la llegada de nuevas autoridades, al inicio de este periodo presidencial, fue vista como una bocanada de aire fresco y vientos de cambio en una entidad altamente desprestigiada a raíz del tema de la mina de Donoso, escenario donde la gestión política partidista e intereses particulares se pasearon a sus anchas. Estas nuevas figuras, con trayectoria ambiental, han copado los foros nacionales e internacionales con discursos inflamados sobre la urgencia del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el compromiso inquebrantable con la sostenibilidad. Estos líderes, con reputación ambientalista, prometían una era de rigor técnico, ética pública y blindaje ecológico. Sin embargo, la terca realidad ha demostrado lo contrario: bajo la fachada del discurso verde, la entidad rectora ha articulado una táctica de pasividad calculada y conveniencia burocrática para desproteger a la naturaleza, actuando con una complacencia afín a los intereses económicos extractivistas y destructivos del medio ambiente.

Lo que hemos expuesto es la realidad ambivalente, zigzagueante e infiel a sus credos de las personas que están al frente del Ministerio de Ambiente, tanto en el tema minero como, más recientemente, en el marco de un fallo emitido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en el que se dejaron desprotegidos y expuestos a la destrucción los manglares del distrito de David. En esta línea, los manglares no son simples parajes de fango y vegetación estuarina: constituyen una de las barreras biológicas y climáticas más importantes de la región del Pacífico centroamericano. Sirven como trampas masivas de carbono azul y almacenan hasta cuatro veces más carbono por hectárea que los bosques terrestres. Permitir la destrucción o la fragmentación de este ecosistema no solo es un atentado contra la biodiversidad, sino un acto de irresponsabilidad socioeconómica que deja a las comunidades costeras desarmadas ante el impacto inclemente del calentamiento global.

¿Cómo se ejecuta la sumisión de un patrimonio natural sin asumir el costo político directo? Durante casi dos décadas, las autoridades ambientales mantuvieron a los manglares de David en un limbo cartográfico. Al omitir la delimitación oficial de los polígonos del área protegida contemplada en acuerdos municipales previos, el propio Estado creó el vacío legal idóneo para que desarrollos de gran escala tramitaran concesiones sin enfrentar restricciones geográficas formales; la institución encargada de velar por el entorno prefirió la omisión oportuna antes que el deslinde preventivo.

Pero la verdadera complicidad institucional quedó al desnudo con el contubernio sincrónico-jurídico observado recientemente. En lugar de interceder con firmeza técnica en defensa de la naturaleza, el Ministerio de Ambiente esperó estratégicamente a que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de los permisos concedidos a una megaobra privada, sustentándose precisamente en la falta de límites georreferenciados del área protegida y sin tomar en cuenta el principio in dubio pro natura (Ley 287 de 2022), según el cual, ante la duda, debe primar la protección de la naturaleza.

Apenas un día después de dictada la sentencia, la entidad estatal mandó a promulgar en la Gaceta Oficial la Resolución DM-0646-2026, la cual fija formalmente los contornos de las 66,600 hectáreas del área de recursos manejados y blinda, con un artículo de dicha regulación, la validez de toda concesión previa. Es decir, se trazó una cerca protectora alrededor del humedal, pero se dejó adentro la autorización previa para alterar el ecosistema; se delimitó el santuario ecológico solo después de garantizar que los intereses particulares tuvieran la vía libre totalmente asegurada.

Este episodio deja al descubierto la trágica metamorfosis del liderazgo ministerial. Resulta doloroso presenciar cómo un líder gubernamental que antaño enarbolaba banderas ambientalistas decide, al asumir el poder público, engavetar sus principios y capitular ante las presiones del desarrollo a toda costa. El paso por el despacho gubernamental parece haber transformado la convicción en pragmatismo estéril y la tutela ambiental en facilitación corporativa; la historia demuestra que no hay nada más peligroso para un ecosistema que un funcionario con credenciales verdes dispuesto a firmar con tinta burocrática la rendición de sus propios ideales.

Cuando la institución rectora utiliza la técnica normativa para blindar decisiones preconcebidas por encima de la integridad biológica del territorio, la confianza ciudadana en la institucionalidad se quiebra de forma irreparable**. Como decía Antoine de Saint-Exupéry: “Conoces lo que tu vocación pesa en ti. Y si la traicionas, es a ti a quien desfiguras”.

El autor es abogado.