Eres de los que se levantan todos los días antes de las cinco de la mañana. Vives en una casa en el oeste, el este o el norte del país, comprada con un préstamo a treinta años, en una barriada donde el agua llega por horarios y con poca presión. Sales temprano no por gusto, sino porque el tráfico no perdona y llegar tarde significa descuentos o miradas incómodas. Como miles de panameños de clase media, cumples horarios, pagas impuestos y haces malabares para que el salario alcance hasta fin de mes.
Cada quincena, antes de que el dinero toque tu cuenta, el Estado ya tomó su parte: impuesto sobre la renta, Seguro Social, tasas y descuentos que no admiten atraso ni negociación. Luego viene el supermercado: precios que cambian semana tras semana, etiquetas que obligan a comparar, a sustituir marcas, a dejar productos en el estante. Hacer súper ya no es una rutina; es una fuente constante de ansiedad.
Las parejas discuten cada año si pueden mantener a sus hijos en la escuela privada. No es un lujo, es una decisión forzada ante un sistema educativo público que no ofrece garantías suficientes. Esa misma lógica se repite con la salud. Aunque se aporta obligatoriamente a la Caja de Seguro Social, muchos pagan un seguro privado porque enfermarse y depender exclusivamente del sistema público implica largas esperas, trámites interminables y atención limitada. Se paga dos veces por un servicio que debería funcionar.
El recibo de luz es otro motivo de temor. No importa cuán cuidadoso se sea con el consumo: cada mes llega más alto. El subsidio no se aplica; el ajuste sí. A eso se suman la letra del carro necesario para trabajar, la hipoteca, el combustible, los impuestos municipales y los gastos imprevistos. Se estira el dinero, se recorta aquí y se posterga allá. Siempre se cumple. Siempre se paga.
Esta es la realidad cotidiana de la clase media panameña: pagar aquí, pagar allá y sostener un sistema que no la protege. La gestión administrativa pública ha construido un modelo donde este sector es invisible. No es considerado vulnerable, pero tampoco privilegiado. Es simplemente funcional.
En contraste, la clase baja recibe subsidios y apoyos estatales en energía, transporte, programas sociales y asistencia directa. Estos beneficios cumplen una función social necesaria y nadie cuestiona su razón de ser. Sin embargo, su financiamiento recae principalmente sobre la clase media, que participa en la economía formal y no califica para ayuda alguna.
Del otro lado, la clase alta opera bajo un marco legal lleno de exoneraciones, incentivos fiscales y regímenes especiales. La administración pública defiende estos beneficios como motores de inversión y desarrollo, pero rara vez evalúa si su impacto justifica la pérdida de ingresos fiscales o si la carga resultante se traslada injustamente a los contribuyentes comunes.
Así, la clase media termina sosteniendo a ambas. Financia el gasto social y compensa las exoneraciones, mientras enfrenta inflación, servicios públicos deficientes y una presión fiscal constante. No recibe subsidios, no accede a incentivos y tampoco obtiene servicios públicos de calidad acordes con su aporte.
La mayor falla de la gestión pública no es solo económica, sino ética. La justicia social no puede limitarse a asistir a unos y favorecer a otros, ignorando sistemáticamente a quienes cumplen, producen y sostienen el Estado. La clase media no necesita privilegios; necesita equilibrio, reconocimiento y políticas que protejan su estabilidad.
Urge revisar el sistema tributario, evaluar las exoneraciones, crear alivios reales para el asalariado formal y fortalecer los servicios públicos que hoy obligan a la clase media a pagar soluciones privadas. Pero nada de esto ocurrirá mientras este sector siga aceptando el sacrificio como normal.
La clase media panameña debe reaccionar, no desde la confrontación, sino desde la exigencia de justicia social. Un país no se construye agotando a quienes lo sostienen. Eso no es solo injusto: es insostenible.
El autor es terapeuta ocupacional y docente universitario.
