Los panameños parecen tener una tendencia a olvidar o, mejor dicho, a evitar recordar lo incómodo. Las nuevas generaciones prefieren vivir el momento, enfocándose en las redes sociales y TikTok, y no se les puede culpar por ello. Durante décadas, la dictadura militar ha sido enseñada de manera muy superficial en nuestras escuelas.
En diferentes gobiernos, este tema parece ser intocable y hasta inconveniente. Esto se debe, en parte, a que muchos de los responsables civiles y militares de los crímenes cometidos durante la dictadura nunca fueron procesados; al contrario, se les otorgaron puestos políticos en los gobiernos de turno. Panamá tiene una deuda pendiente con su propia historia y es necesario reconocer que no se enseña adecuadamente sobre la dictadura militar que vivió el país.
Es fundamental discutir el papel de la “Comisión de la Verdad”, ya que, a pesar de haber transcurrido más de dos décadas, no se le ha otorgado la relevancia adecuada a su valiosa labor. Esta comisión llevó a cabo la primera investigación seria sobre los eventos ocurridos entre 1968 y 1989 en nuestro país. No solo fue la indagación más exhaustiva de su tiempo, sino que continúa siendo la más completa en relación con las desapariciones y asesinatos que aún no han sido completamente esclarecidos ni investigados. Además, recopiló antecedentes que permitieron identificar a las víctimas y arrojar luz sobre sus paraderos.
La investigación resultó en el Informe “La verdad os hará libres” en 2002, documentando 110 casos de desapariciones y ejecuciones, identificando centros de tortura y personas involucradas. A pesar de los recursos limitados, incluyó recomendaciones y reparaciones morales y materiales para las víctimas y sus familias.
Es desafortunado que, con el paso de los años, el informe no se utilice en nuestras escuelas y colegios como fuente y bibliografía básica para estudiar lo sucedido. Este documento tiene un valor significativo tanto legal como académico, y es una fuente importante para recordar los hechos y evitar inexactitudes. Además, sirve como un recordatorio y muestra de respeto hacia las víctimas.
Quizás en el futuro se pueda establecer una nueva Comisión de la Verdad que continúe con el trabajo de la anterior comisión. Esta nueva comisión podría ampliar el informe con nuevos datos e informaciones, y contar con los recursos necesarios para incluir a otras víctimas. Además, podría utilizar nuevas tecnologías para seguir esclareciendo los hechos. A pesar de que algunos políticos no desean abordar el tema de la dictadura, ya que se beneficiaron de ella, lo sucedido sigue siendo un asunto pendiente, especialmente para aquellos panameños que aún hoy recuerdan y buscan a sus familiares desaparecidos.
Definitivamente, como sociedad, nos hace falta una Ley de Memoria, una Ley del No Olvido, o una legislación específica referente a los sitios relacionados con las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Panamá. Otros países, como Argentina, Brasil, España y Alemania, ya han implementado este tipo de leyes a lo largo de los años, y El Salvador y Guatemala lo han intentado en los últimos años.
En su mayoría, estas leyes se fundamentan en el acceso a la verdad, la reparación, la justicia, y especialmente en garantizar que no se repitan los hechos. Además, buscan inculcar la memoria histórica para asegurar que lo sucedido no sea olvidado. Uno de los aspectos esenciales de estas leyes es que no solo garantizan la responsabilidad del Estado en la localización, identificación y exhumación de las víctimas que aún continúan desaparecidas, sino que también reconocen y otorgan medidas a favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante las dictaduras.
En Panamá, es necesario implementar políticas públicas orientadas a la creación de sitios de memoria, complementadas con programas educativos y acciones en derechos humanos, que afiancen el principio de que estos hechos no deben repetirse. Es responsabilidad del Estado fomentar la participación de las víctimas y sus familiares en estas decisiones, así como involucrar a la comunidad en general respecto a las decisiones relacionadas con el diseño e implementación de políticas públicas en materia de sitios de memoria.
A nivel estatal, no se dispone de una página web autorizada donde se pueda consultar el listado de víctimas, desaparecidos y el estado de sus casos, así como el relato de los hechos, fotografías y demás eventos ocurridos durante la dictadura militar. Esto sería útil para que las nuevas generaciones puedan conocer más sobre lo sucedido. Además, los documentales sobre estos hechos son escasos, y no contamos con películas ni series de televisión nacionales que aborden el tema. La memoria de estos eventos se ha limitado a algunos días de reflexión nacional.
El reconocimiento y la protección de los derechos humanos en Panamá es un tema pendiente, especialmente en relación con la dictadura militar y sus víctimas, desaparecidos y sus familiares. En los últimos años, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han recordado a Panamá la necesidad de reconocer los hechos, pedir disculpas, cumplir con las medidas de reparación correspondientes, reabrir y desarrollar casos para hallar restos óseos, sancionar a los responsables y, en ciertos casos, proporcionar indemnizaciones correspondientes.
La frase atribuida al filósofo y académico español George Santayana: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”, resalta la importancia de la memoria histórica, y nosotros, como panameños, debemos avanzar en esta dirección.
El autor es abogado, investigador y doctor en Estudios avanzados en Derechos Humanos
