Los índices de competitividad influyen en cuánta inversión recibe un país, cuánto le cuesta el crédito y dónde deciden establecerse las grandes empresas. Un país competitivo crece, y ese crecimiento se traduce en empleo y más oportunidades. La calidad de su justicia es uno de los principales elementos para medir esa competitividad.

Y ahí los indicadores internacionales no nos favorecen. El último informe Doing Business del Banco Mundial (2020) ubicó a Panamá en el puesto 141 de 190 en cumplimiento de contratos: hacer cumplir un contrato por la vía judicial podía demorar unos 790 días, con costos equivalentes al 38 % del monto reclamado. Por su parte, en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, Panamá ocupa el puesto 87 de 143 países en justicia civil, justamente donde más se necesita certeza.

El riesgo de perder un proceso se puede manejar; la incertidumbre sobre cuánto tardará en llegar una decisión cuesta más, y no muchas empresas están dispuestas a asumir ese costo.

Esa incertidumbre tiene consecuencias. El informe sobre el clima de inversión de 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos, que consultan los inversionistas, advierte que, en Panamá, las empresas recurren cada vez más al arbitraje por falta de confianza en el sistema judicial. El arbitraje es un mecanismo legítimo, pero cuando se escoge para huir de los tribunales se convierte en un sobrecosto que solo puede asumir quien tiene con qué. Así, una justicia ineficiente termina cobrándole al ciudadano en oportunidades que nunca llegan.

Por eso, la reforma procesal civil es también una política de competitividad. Este 13 de octubre se cumple un año del inicio de operaciones del Código Procesal Civil y, desde adentro, puedo afirmarlo con datos: los tiempos de respuesta están cambiando.

El cambio empezó antes de la ley: primero se diagnosticó en qué etapas se detenía el proceso y, a partir de esos hallazgos, se legisló. De ahí que la oralidad sea la columna vertebral del nuevo modelo, incorporada donde aporta valor. La etapa de admisión y objeción de pruebas, que antes podía demorar más de 400 días, hoy se completa en aproximadamente una hora durante la audiencia preliminar. Y, en la audiencia final, el juez que practicó las pruebas es el mismo que decide, con un plazo máximo de veinte días desde el cierre de la audiencia para publicar la sentencia.

La ley, además, le puso fecha de vencimiento a la espera. El artículo 202 obliga, como regla general, a dictar sentencia de primera instancia en un año, contado desde la notificación al demandado, y a resolver la segunda instancia en seis meses. Quien incumple pierde la competencia sobre el proceso, con las medidas disciplinarias correspondientes. El plazo tiene, así, consecuencias legales concretas.

Todo esto convive con la liquidación de los procesos anteriores al Código. Para quien tiene su causa en un juzgado liquidador, su proceso no es «viejo»: es su petición de justicia. Al 31 de julio, el Primer Distrito Judicial ya había liquidado el 45% de las causas heredadas del sistema anterior: más de veinte mil procesos concluidos. Detrás de cada uno hay personas que esperaban una respuesta.

El Órgano Judicial ha asumido su parte con una Comisión de Implementación que se reúne cada semana, analistas que siguen a diario los tiempos de cada despacho, jueces de descongestión para las causas antiguas y el acompañamiento del Pleno de la Corte. Medir y corregir a tiempo separa una reforma en papel de una que funciona.

Pero el compromiso no puede ser de un solo órgano del Estado. Las universidades deben formar en las destrezas que exige el nuevo sistema, y los abogados, dejar atrás las prácticas del viejo.

Al Órgano Ejecutivo le corresponde entender que cada balboa que se le niega a la justicia se termina pagando, con intereses, en arbitrajes y en inversión que se va a otra parte. La justicia es gratuita, sí, para el usuario, pero sostenerla requiere presupuesto para contar con jueces suficientes, personal de apoyo, salas de audiencia, infraestructura y sistemas tecnológicos que respalden toda la operación.

Panamá puede mejorar sus indicadores de justicia civil con seguimiento y financiamiento sostenido. Un país compite mejor cuando quien invierte sabe que, si algo sale mal, habrá un juez que le responda a tiempo.

La autora forma parte de la Fundación Libertad.