Proteger a la niñez exige escuchar, actuar con imparcialidad y responder a tiempo. Cuando una niña o un niño pide ayuda, su bienestar debe estar por encima de cualquier conflicto entre adultos.

Esto no puede volver a pasar. La reciente muerte de un niño de diez años en Pedasí, cuyas circunstancias se investigan, ha causado dolor y preguntas que el país no puede ignorar. Corresponde a las autoridades esclarecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que procedan. Pero hay una reflexión que no admite demora: la protección comienza antes de la tragedia.

Cuando aparecen miedo, angustia, rechazo persistente hacia un entorno o expresiones que advierten un posible riesgo, la respuesta debe ser seria, inmediata y profesional. Hay momentos en los que hay que soltar los papeles y correr. Ningún escritorio puede alejarnos de lo esencial: entender qué ocurre y responder mientras todavía estamos a tiempo. Con la vida de un niño no se apuesta.

Escuchar tampoco consiste en recibir unas palabras y anotarlas. Significa comprender lo que se está diciendo sin torcerlo, minimizarlo ni sustituir la voz de quien tuvo el valor de hablar. Cuando se pide ayuda y esta no llega, cuando lo expresado se desestima o se tergiversa, la confianza comienza a romperse. Y si después aparece el silencio, la pregunta no puede ser solamente por qué dejó de hablar, sino qué ocurrió después de que habló.

Quien recurre a un adulto, profesional o institución debe sentir que será protegido, no expuesto ni colocado en una situación más difícil. Cuando esa confianza se pierde, las consecuencias pueden ir mucho más allá de un expediente.

La legislación panameña establece garantías para la protección de la niñez y la adolescencia. Dentro de ese sistema, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) tiene responsabilidades específicas en materia de protección. Pero ninguna norma, institución o procedimiento cumple su propósito si la respuesta no llega cuando se necesita. La protección no puede quedarse en el papel.

Quien asume una función relacionada con la niñez no recibe solamente un cargo. Asume un deber que exige transparencia, diligencia e imparcialidad. No puede haber diferencias por condición social, económica, posición, profesión o influencia de los adultos involucrados. Las garantías tienen que ser las mismas para todos. Importa lo que se hace y aquello que se deja de hacer.

Proteger tampoco significa escoger de antemano una versión y acomodar alrededor de ella todo lo demás. Cuando hay miradas distintas, corresponde escuchar, investigar, contrastar y evaluar profesionalmente antes de decidir. Una autoridad que interviene en la vida de una familia debe hacerlo sin prejuicios ni parcialidades, porque detrás de cada resolución puede haber consecuencias duraderas.

Pensemos en situaciones posibles, sin atribuirlas a ningún caso en particular. Una niña que vive con su madre podría manifestar que, al visitar a su padre, no se siente cómoda. Esa incomodidad podría estar relacionada con formas de trato, palabras, presiones o actitudes de personas de ese entorno que ella perciba como intimidantes o confusas. Su voz tendría que ser escuchada y evaluada con seriedad.

Pero también puede ocurrir lo contrario. Un niño que vive con su madre podría expresar que no se siente bien en ese hogar y que encuentra mayor tranquilidad junto a su padre. Esa manifestación merece la misma atención.

Son situaciones distintas y una misma obligación: averiguar por qué.

La protección no tiene género. No se trata de favorecer automáticamente a una madre por ser madre ni a un padre por ser padre. Se trata de colocar el bienestar de la niñez en el centro y determinar, con elementos objetivos, qué necesita protección y qué respuesta corresponde.

Tomar en serio esa voz no significa trasladar a una persona menor de edad decisiones que corresponden a los adultos o a las autoridades. Significa reconocer que el miedo, la incomodidad, la angustia o una petición de ayuda no pueden tratarse como un estorbo dentro de una disputa familiar.

Mientras una situación seria es evaluada, actuar con prudencia no tiene por qué significar romper un vínculo. Puede implicar medidas temporales de resguardo, acompañamiento profesional, encuentros más breves o visitas supervisadas cuando las circunstancias lo aconsejen. Lo que no resulta aceptable es ignorar señales persistentes y continuar como si nada ocurriera.

Aquí no hablamos de un papel que puede rehacerse. Hablamos de seguridad, estabilidad emocional y futuro.

Por eso, la pregunta no puede limitarse a qué ocurrió en un solo hecho. También debemos preguntarnos qué está ocurriendo con nuestra niñez. ¿Qué estamos dejando de ver? ¿Dónde está fallando la respuesta? ¿Qué sucede cuando quien pide ayuda deja de confiar en las personas o instituciones que deberían protegerlo porque siente que no actuaron correctamente? ¿Qué hicimos los adultos? ¿Qué hicieron las instituciones? ¿Y qué hicimos o dejamos de hacer como sociedad cuando todavía había oportunidad de intervenir?

No podemos acostumbrarnos a reaccionar cuando ya es demasiado tarde. Tampoco podemos pasar de una situación dolorosa a otra, lamentarnos unos días y continuar hasta que un nuevo caso vuelva a sacudirnos. Cada tragedia debería obligarnos a revisar qué falló y qué debe cambiar para que no vuelva a suceder.

Puede haber ahora mismo alguien intentando decir que algo no está bien, buscando palabras para explicar lo que le asusta o esperando que un adulto comprenda la gravedad de lo que intenta transmitir.

Quien pide ayuda necesita una respuesta.

Una resolución puede escribirse en unas páginas y un expediente puede cerrarse. Pero las consecuencias de una decisión o de una omisión pueden permanecer durante toda una vida.

Por eso hay que escuchar antes, proteger antes y actuar antes. No cuando el daño ya está hecho. No cuando ya no hay salida. No cuando ya es imposible volver atrás.

Porque cuando decidimos sobre la vida de una niña o de un niño, no estamos moviendo un expediente ni resolviendo quién ganó una disputa entre adultos. Nos estamos jugando la vida, la historia y el porvenir de un inocente.

La autora es educadora.