Panamá atraviesa un momento histórico. Hoy se discute la redacción de una nueva Constitución, una tarea que marcará el destino del país por generaciones. Esta oportunidad para renovar nuestra democracia encierra, sin embargo, un riesgo profundo: que los llamados “redactores” —60 ciudadanos que supuestamente no serán políticos y tendrán solvencia moral— terminen siendo escogidos a discreción del presidente de la República o de grupos cercanos al poder.
¿Por qué debe importarnos? ¿Por qué debemos alzar la voz?
Porque la legitimidad de una Constitución no nace solo de sus artículos o de sus promesas escritas. Su fuerza moral y política proviene de la convicción de que fue concebida de manera abierta, transparente y participativa. Si la selección de quienes la redacten se convierte en un reparto de cuotas políticas disfrazadas de neutralidad, estaremos ante un simulacro de cambio.
La experiencia nos enseña que, cuando un solo poder controla los hilos de un proceso constituyente, el resultado suele ser un documento diseñado para proteger privilegios y perpetuar lealtades, no para sanar las fracturas sociales que nos dividen.
Panamá merece algo mejor. Merece una Constitución auténticamente ciudadana, que recoja la diversidad de ideas, regiones y sectores. Un documento construido con la voz de las mujeres, los jóvenes, los trabajadores, los pueblos originarios, los empresarios y las organizaciones sociales; no por un puñado de allegados elegidos en despachos oficiales.
La solvencia moral no se define desde el poder como un favor ni como un sello de aprobación. La solvencia moral nace del compromiso con la verdad, con el bien común y con la valentía de disentir cuando es necesario.
Por eso, cada panameño debe estar alerta. La indiferencia es el mejor aliado de quienes sueñan con un proceso constituyente manejado a su conveniencia. Si hoy guardamos silencio, mañana no podremos reclamar cuando descubramos que nuestra nueva Constitución no nos pertenece.
La democracia no se construye con decretos ni con gestos simbólicos. Se construye con participación, transparencia y vigilancia ciudadana.
Hoy tenemos la responsabilidad de exigir mecanismos claros, públicos y verificables para elegir a quienes redactarán nuestra carta fundamental. De lo contrario, este proceso nacerá contaminado de dudas, y el desencanto ciudadano se profundizará aún más.
Panamá no puede permitirse una Constitución impuesta. No podemos resignarnos a que el futuro del país se decida a puertas cerradas. No podemos permitir que la promesa de cambio sea otra oportunidad perdida.
La historia nos observa. Y nuestros hijos nos preguntarán si tuvimos el coraje de defender la democracia cuando más nos necesitaba.
Que nadie se quede callado. Que nadie se quede afuera. Que nadie se quede indiferente. Un pueblo indiferente es la herramienta que le permite a los gobernantes seguir actuando contra el ciudadano.
La autora es abogada.
