Los delitos contra la salud pública tienen como objetivo proteger el bienestar y la integridad de la población en su conjunto, sancionando aquellas conductas que ponen en riesgo la salud y el bienestar colectivo. Es decir, busca proteger a todas las personas por igual, sin distinciones de ninguna clase social o diferencia alguna.
La contaminación presente en los ríos de Azuero ha generado graves daños, no solo a la salud pública, sino también al medio ambiente, afectando de manera equitativa a la población de estas dos provincias. Estas prácticas han persistido a lo largo del tiempo, ocasionando un deterioro continuo tanto en el ecosistema como en las personas que dependen de dicha agua para su subsistencia. La contaminación afecta las fuentes esenciales de agua para consumo humano, alterando la calidad del agua potable y generando riesgos para la salud mediante la proliferación de enfermedades. Estos actos constituyen delitos que atentan contra la protección de la salud colectiva.
En Panamá, la declaración de emergencia es una medida administrativa que permite al gobierno actuar de manera inmediata y coordinada frente a eventos extraordinarios que afectan el bienestar general de la población, la seguridad y la salud pública. En los últimos días, la situación en Azuero ha hecho necesaria dicha declaración por parte del Consejo de Gabinete del Ejecutivo. Sin embargo, este pronunciamiento ha sido tardío.
Esta crisis sanitaria ya ha ocasionado daños significativos, no solo a la vida ya la calidad de vida de los santeños y herreranos, sino también a todos sus demás derechos. Por lo tanto, es necesario que el gobierno central interponga medidas urgentes que permitan la movilización inmediata de recursos económicos y humanos, así como las contrataciones directas que estime pertinentes.
La crisis de agua potable y su suministro en Azuero no solamente es una problemática que atenta contra el medio ambiente, sino que también reviste una importancia política. Las provincias de Los Santos cuentan con dos diputados y Herrera con tres, más sus suplentes, sin contar con las respectivas alcaldías y representantes de corregimientos.
Desde el primer momento se debió evidenciar la solidaridad, dejando a un lado las diferencias políticas y actuando en un solo bloque, especialmente los diputados de la península de Azuero, para exigir la solución permanente del problema al gobierno central. Se debe organizar una conferencia de prensa en la que todos se sientan en una misma mesa y expongan este problema de frente, y, por otro lado, movilizarse en las provincias todos los días hasta lograr una solución integral y permanente.
Dentro de la asamblea de diputados no solo se deben realizar los llamados y declaraciones durante las sesiones, sino que, desde hace tiempo, deben exigir que las autoridades competentes acudan a la asamblea a dar la cara por lo sucedido, ya que son ellas las responsables de proteger a la ciudadanía ante estas situaciones y de promover el diálogo, especialmente entre las bancadas independientes, en la búsqueda de las soluciones necesarias.
De igual manera, ya se deberían haber presentado anteproyectos y proyectos de ley que establezcan y fortalezcan normas y regulaciones ambientales específicas para la protección de los recursos hídricos. Esto incluye la elaboración de normativas que obligan a las empresas y municipios a tratar las aguas residuales antes de su vertido, la imposición de sanciones económicas y penales, mucho más altas que las actuales a quienes incumplan la normativa, y la exigencia de estudios de impacto ambiental previos a la autorización de empresas potencialmente contaminantes.
Es imperativo desarrollar un plan integral de gestión de los recursos hídricos para la península de Azuero, que coordina eficazmente los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local) y la sociedad civil en la administración del agua. Esto implica la creación de nuevas áreas protegidas que incluyan las cuencas hidrográficas y reservas naturales fluviales, con el fin de conservar tanto la calidad como la cantidad del agua, además de fomentar planes de restauración y conservación del ecosistema acuático. Estas políticas pueden complementarse con programas de educación ambiental y participación ciudadana, orientados a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar sus recursos hídricos. Se requiere una inversión significativa del gobierno central, incluyendo nuevas plantas potabilizadoras, acueductos modernos para las dos provincias, y fondos adecuados para el tratamiento de la basura.
Asimismo, se recomienda implementar estrategias que incluyan el monitoreo constante de la calidad del agua, la construcción de infraestructuras adecuadas para la recolección y tratamiento de desechos, y el desarrollo de incentivos económicos para promover tecnologías limpias y prácticas sostenibles en industrias y actividades agrícolas.
Estas jurídicas y políticas actúan de forma complementaria, creando un marco integral de protección que no solo sanciona las conductas contaminantes, sino que también previene la degradación medidas mediante la planificación, la regulación y la educación ambiental.
El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.
