Panamá enfrenta desafíos significativos en materia de corrupción, con casos de alto perfil que han generado desconfianza en el sistema político y en las instituciones públicas. En mi caminar por San Francisco, Juan Díaz, Parque Lefevre, Don Bosco y Río Abajo, he escuchado voces de frustración y hastío. Merecemos cambios sustanciales que pongan fin a la corrupción.
La falta de transparencia y rendición de cuentas es una preocupación recurrente, porque la corrupción nos afecta a todos. Se calcula que la corrupción nos cuesta entre $500 millones y $1,000 millones por año. Eso es entre 1% y 2% del PIB panameño.
La corrupción reduce los recursos disponibles para invertir en las necesidades de los panameños, como la mejora de las instalaciones educativas y la provisión de alimentos adecuados para los niños en edad escolar. Además, resulta en la escasez de recursos destinados a la formación y desarrollo profesional de los educadores y no nos permite evitar la deserción escolar. La calidad educativa es baja y lo demuestra el índice de calidad de vida, que marcan que 9 de cada 10 estudiantes de premedia no superan las pruebas de matemáticas.
La corrupción nos está robando la educación. Veámoslo en un ejemplo: hace poco comenzó a funcionar la escuela Ernesto Levefre, que cuenta con 50 aulas, laboratorio, gimnasio, cámaras de seguridad y más. La renovación completa del colegio costó $9.2 millones.
Eso significa que con los $1,000 millones que se pierden por año por culpa de la corrupción, se podrían construir 108 escuelas equivalentes a este diseño. Teniendo en cuenta que muchos colegios necesitan una inversión menor en infraestructura, podrían ser muchas más las beneficiadas.
Si no nos alerta que solo en 2022 se retiraron unos 20,110 alumnos, en su mayoría de la enseñanza primaria, seríamos cómplices. Las estrategias integrales, que van desde asegurar la alimentación escolar, implementar modalidades flexibles, inversión robusta en tecnología e innovación, son algunas de las oportunidades que se pierden a causa de la corrupción.
Hay que entender que se podría llegar a impactar a todos los estudiantes y docentes que están dentro y fuera del sistema educativo. La corrupción está afectando uno de los derechos fundamentales de la niñez, el acceso a una educación de calidad. Unos pocos aprovechan y realizan maniobras ilegales, sin ser juzgados, para quedarse con dinero que no les pertenece y se convierten en ladrones del futuro de los niños y niñas de Panamá.
El autor es precandidato a diputado independiente
