El 5 de mayo de 2024 marcó el ocaso de muchos representantes de corregimiento en la República de Panamá, algunos con más de veinte años ocupando sus cargos, lo cual hacía ver improbable que fueran desplazados de sus posiciones; sin embargo, perdieron frente a nuevos candidatos por el proceso de renovación dado por el mandato popular. Tal situación fue tan inesperada que muchos de estos gamonales manifestaron públicamente que “no estaban preparados para perder”.
Grandes sorpresas se han encontrado la mayoría de los nuevos representantes de corregimiento, quienes han recibido sus juntas comunales sin documentación de respaldo contable, sin registros digitales en las pocas computadoras que quedaron, y sin conciliaciones bancarias. Todo esto tenía un propósito: encubrir los desgreños y la depredación de los fondos públicos recibidos por estas juntas.
Para nadie es un secreto los millones de dólares que muchos representantes de corregimiento, adeptos al Palacio de las Garzas y algunos diputados reinantes, recibieron durante este quinquenio presidencial y otros periodos anteriores. Estos dineros provenían no solo de los fondos corrientes de las juntas comunales, sino también de la llamada descentralización. Fondos que, al día de hoy, nadie sabe dónde fueron a parar, ya que el principal objetivo de estos últimos recursos era la realización de proyectos de inversión social, aprobados por la comunidad en actos de participación ciudadana.
Lamentablemente, los nuevos ediles no pueden confiar en la labor de la Contraloría General de la República para pedir una auditoría de esta documentación y del uso de los fondos. Las actuaciones del ente fiscalizador están completamente divorciadas del norte que le impone la Constitución a dicha entidad; de hecho, ante abusos pasados del erario público, hemos encontrado una actitud sumisa por parte de la misma, lo cual se evidencia en las declaraciones que ha brindado el señor contralor a los distintos medios de comunicación, en las cuales mira hacia otro lado y dice que no ve que se hayan cometido actos ilícitos en el uso de estos fondos por parte de los funcionarios. Frente a ello, habrá que esperar un nuevo contralor, que debe escoger la nueva Asamblea Nacional, y una nueva visión de la responsabilidad fiscalizadora de la Contraloría.
Es imperativo que cada uno de estos representantes de corregimientos presenten, como lo han hecho la junta comunal de Ancón y San Francisco, las denuncias de sustracción de documentos públicos y destrucción de la información digital de cada una de estas juntas comunales; además, deben iniciar una auditoría interna preliminar para determinar dónde fueron a parar los millones de dólares recibidos como producto de la descentralización y, en caso de apoderamiento de fondos del Estado, como se sospecha, presentar las denuncias correspondientes. Todo funcionario público, conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal, tiene la obligación de denunciar el delito que llegue a su conocimiento durante el ejercicio de su función (Art. 83 numeral 1).
Determinar quiénes recibieron los pagos de los fondos de la descentralización (cheques y movimientos bancarios) será el hilo conductor hacia las personas que están detrás de dirigir esta orquesta que ha terminado en un bacanal de fondos públicos, los cuales pertenecen a todos los panameños.
Esta labor debe concretarse en todas las juntas comunales; no podemos permitir que nadie se apodere de bienes del Estado sin asumir la responsabilidad penal y patrimonial correspondiente.
El autor es abogado.
