La libertad de expresión, derecho fundamental que ampara la posibilidad de opinar sin censura ni represalias por parte del Estado, tiene sus raíces en la democracia ateniense, donde se comenzó a reconocer el valor del debate político abierto. Pero ese derecho no es absoluto ni puede usarse para calumniar, injuriar o reprimir a individuos e instituciones.
Frases enmarcadas como libertad de expresión, provenientes del propio mandatario, como que la Universidad de Panamá se ha convertido en una “guarida de terroristas”, que “cinco gatos que nunca han pagado una planilla” promueven el caos, o que sectores de izquierda están detrás de las protestas contra la Ley 462 del Seguro Social, no pueden servir para aplastar ni silenciar a la ciudadanía.
La narrativa de odio y miedo que estos señalamientos generan desconoce que la moral evoluciona, y que el clima ético de cada época cambia. El odio no es libertad de expresión. En vez de propagarlo o amplificarlo, muchos panameños han optado por bloquearlo y cancelarlo en las redes sociales.
La crítica debe tolerarse. La agresión, no. Pretender que el principio de no agresión se limita a lo físico es ignorar la naturaleza integral del ser humano. Las amenazas, la difamación o la extorsión no son menos dañinas por no dejar marcas visibles. Si solo el ataque físico importara, tendríamos que despenalizar la amenaza, el acoso o el chantaje. Y eso sería absurdo.
En este contexto, la cultura de la cancelación —fenómeno social surgido en las redes para reprochar actitudes o conductas socialmente rechazables, aunque no constituyan delitos— ha sido una respuesta espontánea de la ciudadanía. El gobierno del “paso firme” no está enfrentando un sabotaje comunicacional (“astroturfing”), sino el rechazo frontal de sus mensajes. El “astroturfing”, por definición, es una estrategia que simula respaldo popular cuando en realidad es impulsada por intereses particulares, como podrían ser los promotores de bonos buitre.
Ernest Owens, en su libro The Case for Cancel Culture (2023), sostiene que esta herramienta puede ser vista como una forma de sinceridad frente al poder. Así como un arma puede proteger o aterrorizar, la cancelación puede empoderar a las nuevas generaciones para exigir responsabilidad por los abusos del presente y del pasado, con la esperanza de que en el futuro nadie sea excluido ni agredido bajo pretexto de “libertad de expresión”.
La idea no es borrar el daño, sino exigir rendición de cuentas —accountability—. Una disculpa no basta, pero la cancelación, bien entendida, puede contribuir a un sentido elemental de justicia.
El pueblo panameño ha “bloqueado el WhatsApp” al presidente, lo ha expulsado de sus redes sociales y de sus espacios cotidianos. No se trata de esperar un tuit de disculpa. Lo que ocurre se llama cultura de cancelación, y los canales de comunicación solo se restablecerán con un franco y legítimo diálogo nacional.
Estar unidos y en armonía es indispensable para enfrentar los retos estructurales: la amenaza de los fondos buitre, la desregulación financiera y la posible fuga de capitales asiáticos vinculados a la Franja y la Ruta en 2026. No ha fallado la política comunicacional. Ha sido cancelada por el pueblo.
El autor es médico sub especialista.
