No escribo como economista ni como técnico financiero. Lo hago como médico que ha dedicado su vida al servicio público y como ciudadano que observa, con inquietud, la falta de rumbo en la conducción nacional. En medicina sabemos que, cuando un paciente no se atiende a tiempo, las complicaciones se agravan. Lo mismo ocurre con una nación: si no enfrentamos los problemas de raíz, el futuro se compromete.
Crecimiento sin justicia social
Tras la pandemia, Panamá logró un repunte económico. Sin embargo, en la vida diaria la mayoría de la población enfrenta realidades muy distintas: desigualdad de ingresos —la más aguda de América Latina—, empleos precarios, deficiencias en servicios básicos y un sistema de pensiones en estado crítico.
La corrupción y la impunidad han erosionado la confianza en las instituciones y han creado una brecha cada vez mayor entre ciudadanía y Estado. Esa falta de confianza es, a mi juicio, la enfermedad social más grave de nuestro tiempo: sin confianza, no hay cohesión, y sin cohesión, no hay desarrollo sostenible.
Señales positivas, pero un futuro incierto
La deuda pública ya supera los 50 mil millones de dólares, más del 60% del PIB. Buena parte del presupuesto nacional se destina a deuda y salarios públicos, dejando poco margen para educación, salud o infraestructura social.
Sí, hubo señales alentadoras en los últimos meses, como la reducción del riesgo país de 330 a 200 puntos y la disminución del costo de intereses de la deuda externa. Son noticias positivas, pero pasajeras: alivian el presente, no aseguran el futuro. La confianza internacional se mantendrá solo si el país corrige sus desequilibrios internos con disciplina fiscal, una reforma tributaria justa y un fortalecimiento real de sus instituciones.
La necesidad de consensos reales
Aquí está el núcleo del problema: más que un reto económico, enfrentamos una crisis política y ética. Un gobierno que no escucha, que descalifica o que criminaliza la protesta social carece de la capacidad para construir consensos. Y sin consensos, no habrá soluciones duraderas.
La historia de Panamá muestra que los grandes avances se lograron mediante acuerdos nacionales. La firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977 fue un pacto histórico que trascendió ideologías y nos devolvió soberanía. Más recientemente, el diálogo por la Caja de Seguro Social intentó, aunque con limitaciones, reunir a distintos sectores para abordar el problema de las pensiones. En otros países también encontramos ejemplos: el Acuerdo Nacional del Perú (2002) sirvió como plataforma para políticas de Estado más allá de los ciclos políticos.
Hoy Panamá necesita un acuerdo de esa magnitud: un pacto nacional mínimo con metas claras y verificables.
Reformas impostergables
Ese pacto debería contemplar, al menos, cinco compromisos fundamentales:
Reforma fiscal progresiva: ampliar la base tributaria, reducir la evasión y lograr que todos aporten en función de sus capacidades reales.
Racionalización del gasto público: limitar privilegios, duplicidades y clientelismo que drenan recursos esenciales.
Reforma institucional: garantizar la independencia del sistema judicial y atacar la impunidad que socava la credibilidad del Estado.
Acuerdo por la educación: metas claras en cobertura, formación docente y calidad académica como base del futuro.
Agenda de infraestructura sostenible: priorizar proyectos logísticos, tecnológicos y de agua que trasciendan el ciclo político y fortalezcan nuestra competitividad.
Estas no son aspiraciones abstractas, sino tareas urgentes que Panamá debe emprender si quiere recuperar confianza interna y externa.
Lo que exige la ciudadanía hoy
El ciudadano no espera favores ni discursos, sino derechos garantizados: trabajo digno, medicinas disponibles, alimentos accesibles, escuelas seguras, carreteras transitables.
En medicina, una emergencia requiere atención inmediata, pero también un tratamiento de largo plazo. Panamá necesita ambos: medidas urgentes que alivien la carga de la población y, al mismo tiempo, una estrategia seria y sostenida para corregir sus debilidades estructurales.
2026: un momento decisivo
A pesar de la gravedad del momento, no debemos perder la esperanza. Panamá conserva fortalezas indiscutibles: su posición geográfica privilegiada, un sector financiero sólido y una población joven con potencial para crecer.
Pero el tiempo apremia. El año 2026 marcará un punto de inflexión. O aprovechamos la coyuntura para ordenar las finanzas, fortalecer las instituciones y reconstruir la confianza, o corremos el riesgo de perder dinamismo económico y atractivo internacional.
Como médico y ciudadano, creo que los pueblos también pueden sanar. Pero para ello se requiere voluntad política, transparencia y un compromiso real con el bienestar de la mayoría. Ese es el desafío que Panamá no puede seguir postergando.
El autor es médico neurocirujano y ciudadano.
