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La deuda de Panamá: un problema que no deja de crecer

Panamá está metido en un lío grande. El país debe mucha plata, y lo peor es que cada año pide más préstamos porque gasta más de lo que recibe. Es como si alguien ganara mil dólares al mes, pero gastara mil quinientos: la diferencia se cubre pidiendo prestado, y así la deuda se convierte en una bola de nieve que no deja de crecer.

Un artículo de Jorge G. Obediente, publicado el 14 de octubre de 2025 en La Prensa, explicó que para fines de 2024 Panamá ya debía más de 50 mil millones de balboas. Y si seguimos así, podríamos llegar a deber 100 mil millones, una cifra enorme para un país tan pequeño como el nuestro.

¿Por qué el Gobierno sigue endeudándose?

Porque cada año el Gobierno elabora un presupuesto que calcula cuánto dinero va a recibir —por impuestos y otros ingresos—, pero casi siempre termina gastando más de lo presupuestado. Para cubrir ese déficit, pide préstamos.

Además, existe otra forma de comprometer dinero público que no aparece de inmediato en las cuentas oficiales: los llamados contratos llave en mano.

¿Qué son los contratos llave en mano?

Son acuerdos con empresas para construir obras grandes —como hospitales, carreteras o líneas del Metro—, en los que el Estado no paga de inmediato, sino que aplaza los pagos en cuotas, como si se tratara de una compra a crédito. Pero, como todo crédito, eso implica intereses adicionales.

Según La Prensa, en julio de 2024 estos contratos sumaban más de 6,500 millones de dólares, y solo en 2025 el país debía pagar casi 1,500 millones por ellos. Y eso sin contar nuevas obras que ya se están anunciando.

¿Qué obras se hacen con estos contratos?

  • La Línea 3 del Metro hacia Panamá Oeste

  • El Cuarto Puente sobre el Canal

  • El nuevo Hospital del Niño

  • Diversas carreteras en el interior del país

A esto se suman otras megaobras que no se financian con este tipo de contrato, pero que también costarán caro, como el tren Panamá–David, el teleférico de San Miguelito y nuevas ampliaciones del Metro. Muchas de estas obras no generarán suficientes ingresos para sostenerse, por lo que el Estado deberá subvencionarlas con dinero público.

¿Y los intereses?

Solo en intereses —es decir, en lo que pagamos por haber pedido prestado—, el país podría estar desembolsando unos 450 millones de dólares al año por los contratos llave en mano. Y esa cifra se suma a los intereses de la deuda pública tradicional, que también crecen cada año.

¿Y el ahorro del Estado?

Aquí surge otro problema. Algunas instituciones logran ahorrar dinero, pero en lugar de reservarlo o usarlo para pagar deudas, prefieren gastarlo sin control.

Por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia ahorró siete millones de balboas, pero en vez de dejarlos como reserva, quiso destinarlos a construir una villa diplomática que no estaba contemplada en el presupuesto. Es una mala costumbre: “si no gasto el dinero, me lo quitan”. Con esa mentalidad, nunca se puede ahorrar nada.

¿Y quién va a pagar todo esto?

Aquí viene lo más triste. Según Jorge Obediente, cada bebé que nace en Panamá ya viene con una deuda teórica de 25 mil balboas. Ellos no firmaron ningún préstamo, pero vivirán en un país donde gran parte del presupuesto se destina a pagar deuda, en lugar de invertir en educación, salud o infraestructura.

Las generaciones mayores, las que tomaron las decisiones, ya no estarán para ver las consecuencias. Pero los jóvenes de hoy y los del futuro tendrán que cargar con ese peso.

¿Qué dicen los jóvenes?

Muchos ya están conscientes del problema. No aceptan que se siga gobernando “como siempre”. Exigen transparencia, rendición de cuentas y menos despilfarro. Y no solo lo expresan en redes sociales: también participan en protestas, foros y movimientos ciudadanos.

En resumen

Panamá debe demasiado y sigue pidiendo prestado. Parte de esa deuda se oculta bajo contratos que no figuran como deuda oficial, pero que de igual modo deben pagarse.

Además, se impulsan proyectos costosos que requerirán subsidios, mientras persiste una escasa cultura de ahorro.

Si no cambiamos esta forma de administrar el dinero público, las nuevas generaciones vivirán en un país con menos oportunidades y más problemas.

El autor es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.


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