En un mundo cada vez más interconectado, la transparencia y el cumplimiento técnico son aspectos esenciales para el desarrollo económico y la cooperación entre países. Sin embargo, surge controversia en torno a la creación de listas discriminatorias que castigan a naciones por no cumplir ciertos estándares, generalmente impulsadas por las principales potencias mundiales por intermedio o mandato del G-7 y/o el G-20, entre otros. Estas listas suelen ser elaboradas por organizaciones internacionales o potencias económicas con el supuesto objetivo de fomentar buenas prácticas, claro está, en medio de críticas. En mi artículo de opinión semanal, analizo la complejidad de estas listas, su impacto en las relaciones políticas internacionales y cómo evaluar sus consecuencias.
Las listas discriminatorias buscan identificar y sancionar a los países que no cumplen con regulaciones internacionales sobre transparencia fiscal, prevención del lavado de dinero, combate al financiamiento del terrorismo y otros temas relacionados con la gobernanza global. Su propósito declarado —no compartido por mí— es proteger el sistema financiero mundial y promover una competencia justa para todos los participantes.
La publicación de estas listas puede tener repercusiones significativas en los países mencionados en ellas. Las sanciones van desde la exclusión de financiamiento internacional hasta la imposición de barreras comerciales, tributarias o migratorias, entre otras posibles medidas. Estas medidas podrían tener consecuencias en la economía de países sujetos a sanciones, incrementando la pobreza y desestabilizando regiones enteras. Sin embargo, la aplicación de estas listas no siempre se realiza de manera equitativa o imparcial. A menudo se acusa a los responsables de utilizarlas como herramientas de presión política, favoreciendo a aliados y castigando a adversarios. Esto podría resultar en una disminución de la confianza en las instituciones internacionales y en la percepción de que las normas de transparencia se aplican selectivamente.
Un punto crucial en el debate es cómo conciliar la necesidad de transparencia y cumplimiento técnico con el respeto a la soberanía estatal. Mientras algunos argumentan que las listas son imprescindibles para mantener el orden y la seguridad global, otros sostienen que vulneran la autonomía nacional y el derecho de los países a determinar sus políticas internas. Personalmente, me inclino por esta última postura, dado que países como Panamá se ven seriamente perjudicados de forma injusta e incluso con excesos que van más allá del ámbito meramente técnico.
Además, existe el riesgo de que dichas listas sean utilizadas para imponer un modelo económico o político específico sin considerar las realidades locales y sus desafíos particulares. Esto podría conducir a una uniformización de políticas públicas y al debilitamiento de la diversidad en estrategias de desarrollo, crecimiento e inversión. Para que las listas discriminatorias sean efectivas y legítimas, es imprescindible que su creación y aplicación sean transparentes, equitativas y basadas en criterios objetivos. Esto implica un proceso de revisión que permita a los países afectados exponer su situación y colaborar entre sí. Para mejorar sus sistemas, es vital promover el diálogo y la cooperación a nivel internacional en lugar de recurrir a sanciones unilaterales. La colaboración puede facilitar la transferencia de conocimientos y recursos que ayuden a los países a cumplir con los estándares internacionales sin comprometer su soberanía o desarrollo económico.
Un aspecto poco abordado es que muchos países que respaldan listas discriminatorias no actúan con el buen ejemplo e incluso, en ocasiones, incumplen en lo que exigen a otros. Sin respetar el principio de igualdad y demostrar con acciones, esos países no deberían respaldar el uso de tales listas.
Para garantizar que estas listas cumplan su propósito sin dañar las relaciones internacionales, deben aplicarse equitativamente con un enfoque en la cooperación y el respeto mutuo. Solo así se podrá alcanzar un equilibrio entre transparencia, cumplimiento técnico y soberanía estatal a nivel mundial.
Como una nación soberana e independiente, Panamá tiene la responsabilidad de proteger su ubicación geográfica y su papel en el escenario mundial para salvaguardar su centro financiero y de servicios. Es importante destacar que la excelencia técnica es fundamental, pero también lo es respetar la soberanía y la libertad de elección en lo que respecta a los servicios proporcionados por los profesionales del país que atienden a clientes tanto locales como internacionales. De este modo, Panamá se asegura de mantener la competitividad y promover la generación de empleo, tan necesaria en momentos como el actual.
El autor es consultor tributario y country managing partner de EY.
